Anticorrupción: la Asamblea cumple a medias

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Anticorrupción: la Asamblea cumple a medias

En la última sesión del año, el Pleno aprobó las reformas al Código Penal en materia anticorrupción. La tan postergada Ley de Extinción de Dominio, en cambio, quedó para quién sabe cuándo.

María Isabel Muñoz, gerente de AENOR, entregó al presidente César Litardo la certificación ISO al sistema de gestión antisoborno de la Asamblea.
Reconocimiento. César Litardo recibe el certificado ISO 37001 a su sistema de gestión antisobornos de manos de María Isabel Muñoz, de AENOR.Asamblea Nacional

La Función Legislativa terminó el año cumpliendo la mitad de sus deberes: la Ley Anticorrupción, sí; la de Extinción de Dominio, no. Para irse de vacaciones con la conciencia tranquila (o bien lavada), el presidente César Litardo decidió abrir la sesión plenaria del 15 de diciembre, la última de 2020, con un simulacro bien vistoso: la entrega a la Asamblea, por parte de la empresa AENOR, de la Certificación ISO 37001 en reconocimiento a su sistema de gestión antisoborno. Un gran paso, se dijo en los discursos de orden, para apuntalar “la imagen reputacional de la Asamblea”. Reputacional: interprételo el Pleno. El caso es que ya nadie puede quejarse: cobran diezmos, se reparten los hospitales, unos pocos se consiguen carnés de discapacidad por debajo de la mesa, participan (hasta la mitad de ellos) en cuanta figura retorcida concebir se pueda... Pero ¡qué bien gestionan la política antisobornos! Como dijo Litardo sin sonrojarse: “Es histórico”.

Con 127 votos a favor y tres abstenciones (correístas) el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Penal en materia anticorrupción fue aprobado al término de una maratónica sesión de diez horas. Las reformas establecen nuevas reglas de juego para la contratación pública en casos de emergencias y estados de excepción. Se trata de una de las obligaciones adquiridas por el país ante el Fondo Monetario Internacional para garantizar nuevos desembolsos. La urgencia obró el milagro: un mes bastó para diseñar y aprobar la nueva ley.

Las reformas anticorrupción crean nuevos tipos penales (obstrucción de la justicia, sobreprecio en contratación pública, evasión de procedimientos de contratación pública, peculado en el sector privado...), establecen la inhabilitación de los corruptos para ser candidatos a cargos de elección popular, retoman la figura del informe de pertinencia y favorabilidad de la Contraloría como paso previo para la contratación y evitan caer en la tentación, siempre presente, del populismo penal: las propuestas para prohibir las medidas sustitutivas a la prisión preventiva en casos de corrupción, por ejemplo, no fueron aprobadas.

En cuanto a la Ley de Extinción de Dominio, lleva 14 meses en la mesa de debates y ha sido objeto de más dilaciones que matrimonio no deseado. La semana pasada tuvo lugar el debate definitivo pero la votación (que es lo único que falta) quedó aplazada. El pretexto: la noticia del fallecimiento del asambleísta Bairon Valle. La razón real: el descontento generalizado por el hecho de que Raúl Tello, que en su calidad de presidente de la Comisión de Participación Ciudadana es el ponente del proyecto, simplemente omitió incluir las observaciones a la ley planteadas en el segundo debate.

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Entre esas observaciones ignoradas por Tello y por su Comisión hay algunas de fondo que apuntan a la constitucionalidad del texto legal. Por ejemplo, se cuestiona la retrospectividad de esta ley, que algunos asambleístas interpretan como una ventana abierta para que se persiga a personas inocentes. También preocupa la propuesta de utilizar los fondos recaudados mediante el comiso de bienes para preasignaciones extrapresupuestarias que no están contempladas en la Constitución. Convocados de urgencia por Litardo la tarde del lunes, los jefes de bloque están de acuerdo en que esas observaciones sean incluidas en el texto final antes de someterlo a votación. Tello se resiste: confirmó que los artículos sobre retrospectividad y preasignaciones se quedan en el texto. Lo último que se supo es lo que el presidente de la Asamblea reveló a un puñado de periodistas: que llamará a una sesión extraordinaria del Pleno durante los días de receso legislativo para superar el problema y aprobar la ley. ¿En qué fecha? No lo sabe.

“Nuestro error ha sido no monetizar la ley de extensión de dominio”, dijo una de sus principales impulsoras, la asambleísta independiente Mae Montaño. Las reformas anticorrupción, en cambio, “tienen un valor: valen 2 mil millones de dólares que tiene que aflojar el FMI”. Montaño votó a favor de las reformas pero no se corrió de criticarlas: “Esta ley -denunció- no tocará de ninguna manera el crimen organizado ni al aliado estratégico de la corrupción: el narcotráfico”. A José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto, le corresponde responder esta crítica. Pero no lo hace

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