La corrupción en pandemia cierra el 2020 sin sentencias en Guayaquil

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La corrupción en pandemia cierra el 2020 sin sentencias en Guayaquil

Los casos que se detectaron están aún en juzgados y tribunales. La audiencia por la venta de fundas para cadáveres se retomará el próximo año

audiencia preparatoria peculado salcedo
Diligencia. La audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado contra Salcedo se suspendió. Se reanudará en 2021.Cortesía

A dos semanas de que concluya un devastador 2020, los casos que se abrieron por presuntos delitos de corrupción relacionados con la adquisición de medicamentos e insumos para combatir la COVID-19, en Guayaquil, no han logrado concretarse este año con una sentencia, que defina la situación legal de los investigados.

Ayer, el juez Reinaldo Cevallos, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que, por el delito de peculado, se sigue en contra de Daniel Salcedo Bonilla. El denominador común en la mayoría de los casos que se investigan en el Puerto Principal, tras la emergencia sanitaria que se decretó a mediados de marzo, por la pandemia del coronavirus. La diligencia se suspendió y será retomada el 11 de enero de 2021.

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En ese proceso, la Fiscalía General del Estado investiga la venta de fundas para cadáveres que fueron adquiridas por el Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con aparente sobreprecio. Fue a partir de ese caso que se empezaron a desvelar otros hechos que involucraron a funcionarios del sistema de Salud Pública, del IESS y proveedores; así como de otras entidades públicas.

Lo corroboró en su momento la fiscal general Diana Salazar, al señalar que “durante el estado de emergencia por la pandemia, gran cantidad de casos de corrupción en el sistema de salud empezaron a ser denunciados”, ante esa situación se constituyó la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que, hasta finales de septiembre, permitió la apertura de 120 procesos por delitos derivados de la corrupción, a escala nacional, principalmente por la adquisición de insumos médicos. De esos, 109 se encontraban en investigación previa y 11 avanzaron a instrucción fiscal. Hasta entonces habían 380 personas investigadas, 85 procesadas y 55 detenidas. La Fiscalía continúa con procedimientos en hospitales para cotejar documentos.

Los casos de mayor connotación en Guayaquil se relacionan con los hermanos Salcedo Bonilla y tres de los hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien además enfrenta tres cargos tras el primer operativo que desplegó la Fuerza de Tarea, el 3 de junio de este año.

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Salcedo y los hermanos Jacobo, Abdalá (Dalo) y Michel Bucaram Pulley enfrentan un proceso por el delito de delincuencia organizada, que vinculó al expresidente del directorio del IESS, Paúl Granda.

La fiscal Claudia Romero, quien lleva el caso, cerró la investigación, pero aún se desconoce el contenido del dictamen al que llegó con los indicios aportados, por lo que la jueza que conoce la causa aún no ha fijado la fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que se prevé quede para el próximo año.

Otro proceso de delincuencia organizada que se alarga es el que se sigue en contra del exgobernador y exdirector del hospital Guasmo Sur, Álvaro Ponce Almazán, quien es investigado junto con Noé Salcedo, Abraham Muñoz, exentrenador personal de Daniel Salcedo, y otras tres personas por la presunta venta de un medicamento que fue donado para pacientes contagiados por la COVID-19. En el caso se ratificó la prisión para los tres mencionados.

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El detalle

Delitos. Los hechos denunciados son investigados por presuntos delitos como: peculado, delincuencia organizada, tráfico de influencias.

Otros casos

La Fiscalía también abrió una investigación por un prsunto delito de tráfico de influencias en la Prefectura del Guayas, por la compra de insumos para la COVID-19. Este lunes 14 de diciembre de 2020, el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, dictó sobreseimiento a favor de los seis procesados que quedaban en el caso. Antes, cinco investigados fueron desvinculados de la instrucción y a otros cinco no acusó la Fiscalía, que apeló de manera verbal la última resolución judicial.