La idea es buena pero la ejecución deja dudas. La Ley de Extinción de Dominio que aprobó la Asamblea Nacional preocupa al sector privado porque podría evitar que las nuevas inversiones lleguen al Ecuador.

En concepto, insisten los líderes empresariales, es positivo que exista una ley que castigue a los corruptos y frene el robo al Estado que se ha convertido en una constante en el país. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa -e incluso en la administración actual- sobresalen los casos de irregularidades con afectaciones a los recursos públicos.

Sin embargo, reconocen, la ley aprobada por la Asamblea Nacional tiene artículos que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica de empresarios e inversionistas honestos.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, conversó con EXPRESO sobre esas precisiones que deben ser corregidas en el veto que emita el presidente de la República, Lenín Moreno. Dijo, por ejemplo, que la incautación de bienes sin sentencia ejecutoriada puede convertirse en un arma que usen gobiernos dictatoriales y que se oponen al libre ejercicio empresarial.

“La ley de Extinción de Dominio no puede basarse en presunciones sobre el origen o el destino del bien [...] sino en hechos comprobados y declarados a través de una sentencia ejecutoriada”.

Uno de los puntos que más preocupa al líder gremial es que se revierte la carga de la prueba. “El afectado es quien debe demostrar su inocencia y la procedencia lícita de sus bienes”. Hasta ahora, el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

En un comunicado respaldado por diversos gremios, los empresarios destacan que hay otros elementos que deben ser analizados en la Corte Constitucional porque podrían acarrear ilegalidades. Hablan, entre otros puntos, de los principios de Imprescriptibilidad y de Retrospectividad.

Entre los firmantes están la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, los gremios de pequeñas y medianas empresas, abogados, entre otros. Todos coinciden en que “tal como está redactada, la ley se convertirá en una herramienta de persecución personal que pondrá en riesgo la seguridad jurídica, impedirá flujos de inversión que tanto necesita el Ecuador y la alejará de su fin ulterior de combatir la corrupción. Si no se modifica en estos aspectos, la ley por aprobarse generará nuevas formas de extorsión sobre los ciudadanos y las empresas”.