El cadáver de un policía en servicio pasivo fue encontrado la mañana del jueves por un niño en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. El cuerpo tenía signos de tortura y estaba en proceso de descomposición. Así también, en horas de la madrugada otro policía    en el cantón Villamil (Playas) fue asesinado con un tiro en la cabeza junto a otro ciudadano. Y el último sábado, otro gendarme murió luego de ser perseguido mientras dispararon a su vehículo en la vía Perimetral.

Además de estas muertes violentas, dos uniformados resultaron heridos de bala en las provincias de Esmeraldas y Los Ríos. El primero fue alcanzado por motociclistas que lo atacaron mientras se dirigía a su casa. El segundo estaba en un chifa cuando otros dos motorizados se parquearon en los exteriores del local y le dispararon.

La Policía Nacional no se ha pronunciado respecto a estos hechos y la Fiscalía investiga las muertes, pero tampoco se detalla mayor información.

Hechos de este tipo preocupan a expertos en seguridad, quienes insisten en que las autoridades no deben tardar en dar a conocer las causas de las muertes, para saber si se trata de un    ajuste de cuentas, víctimas colaterales o la falta de garantías para cumplir con su labor como uniformados de la Policía Nacional. Y señalan que con labores de inteligencia es posible evitar esta clase de hechos.

“Es algo anómalo y ojalá no empiece a ser sistemático porque ahí hay dos escenarios. El primero es un ajuste de cuentas de uniformados involucrados en algún ilícito. El otro, más catastrófico, es que se trate de una guerra declarada contra el Estado, como sucedía en Colombia, para que se emitan mensajes de toma de poder o de conquista de territorio”, expuso Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Diario EXPRESO solicitó al Ministerio del Interior el detalle de la depuración policial realizada en 2021 y en lo que va de 2022, para conocer el número de ‘malos elementos’ separados de la institución, y nos asignó entrevistar a quien fue hasta el jueves último inspector general de la Policía Nacional, Ramiro Ortega. Pero fue él mismo quien, antes de que su salida sea pública, pidió que la entrevista sea la mañana de ayer.

Se insistió nuevamente a la cartera de Estado para la entrega de los datos requeridos, pero hasta el cierre de la edición no hubo una respuesta.

De su lado, Nelson Yépez, también consultor en temas de seguridad, sostiene que “si el policía no tiene nada que ver en   las bandas, sería como un ciudadano más. Entonces pueden hacer su trabajo porque tienen las garantías para moverse”.

Sin embargo, detalla que la institución no puede cumplir con la dotación de armas y equipamiento necesario para cumplir con su rol.

La semana anterior, el edificio de la Unidad de Policía en Socio Vivienda, noroeste de Guayaquil, recibió 29 impactos de bala después de que los uniformados de ese sector recuperaron una moto robada y realizaron un operativo en el que decomisaron armas de fuego y droga.

“Lo que se debe hacer es evitar que esto sea sistemático y generar mecanismos de protección al trabajo policial para que esto no se dé más, o a futuro, o de forma más contundente”, enfatizó Pontón.

Por su parte, el analista en seguridad ciudadana Jhon Garaicoa manifestó que es el Estado el que debe “poner mano dura” contra cualquier tipo de corrupción, con el objetivo de evitar “contaminaciones” en el cuerpo policial nacional.

• Los $ 11 millones prometidos

Luego de tres meses de espera,  Finanzas entregó recursos el jueves pasado para “fortalecer los ejes preventivos, investigativos” y de inteligencia en Guayaquil. De ese rubro, $ 9,1 millones serán para la adquisición de bienes de larga duración y $ 2,4 millones para la actualización tecnológica, dotación de combustible y más.