Escasa reacción. El primer y único pronunciamiento estatal sobre las declaraciones que hizo el presidente Lenín Moreno sobre el acoso sexual a las mujeres llegó cuatro días después por medio de un comunicado del Consejo Nacional para la Igualdad de Género.

“Tanto para la ciudadanía como para las autoridades de nuestro Gobierno, es importante comprender que se trata de una problemática social arraigada en las prácticas cotidianas que desvalorizan a las mujeres y niñas y continúan desconociéndolas como sujetos de derecho”, señala el mensaje difundido en redes sociales.

En el comunicado también se detallan los tratados internacionales a los que Ecuador está suscrito y en los que se cataloga al acoso sexual como una conducta humillante y que “puede constituir un problema de salud y de seguridad”.

Sin embargo, desde la sociedad civil y los movimientos de Derechos Humanos que trabajan para erradicar la violencia de género, este tipo de reacciones son insuficientes. En especial cuando las palabras de Moreno dieron la vuelta al mundo en pocas horas y provocaron una serie de comentarios agresivos en contra de las personas que rechazaron el hecho en redes sociales.

“Creo que todas las autoridades debieron pronunciarse y en específico el Consejo de Igualdad debió hacer una observación un poco más contundente a las declaraciones que emitió el presidente. No podemos minimizar (el acoso) al punto que él lo ha hecho y tomarlo como una burla”, sostiene Christina Torres, abogada del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos y de Género de Quito (Ceprodeg).

Con ella coincide María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador, quien asegura que el silencio de otras instituciones públicas o su “tibio pronunciamiento” suponen “una suerte de complicidad” con unas declaraciones que “van en contra del deber presidencial de garantizar derechos a las niñas y mujeres”.

“La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo velar porque las instituciones públicas cuadren sus acciones en el marco estricto de los derechos humanos. Era necesario un contrapeso por parte de otras instituciones del Estado para evidenciar lo incorrecto del discurso de Moreno”, sostiene.

En mayo de 2019, el entonces director nacional de la Policía Judicial, Carlos Alulema, dijo que en Ecuador se registran diariamente un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a mujeres y menores y señaló que, pese a esas altas cifras, existe todavía un subregistro de casos muy elevado, pues no todas las víctimas se atreven a denunciar.

“No se denuncia porque aún la justicia nos revictimiza y encima con esto (el comentario del presidente) se busca minimizar esta situación que es terrible. No nos olvidemos que también hubo un recorte de presupuesto”, sostiene Annabell Guerrero, del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha.

“Yo creo que la propia Secretaría de Derechos Humanos debió pronunciarse, más allá de que sea una institución que depende del Ejecutivo, posicionarse es su deber. María Paula Romo no dijo nada, la fiscal general no dijo nada, la presidenta del Consejo de la Judicatura tampoco. Son autoridades que tienen discursos en contra de la violencia y se quedaron calladas. Yo pienso que dejan mucho que desear, su accionar es limitadísimo, es pobre”.

María Paula Romo, por ejemplo, sí se posicionó en contra del supuesto piropo que le dijo un policía a una chica en Guayaquil. Y organizaciones como Naciones Unidas también se han pronunciado para rechazar acciones y declaraciones xenófobas, como las que se han generado los últimos días en el país.

Guerrero menciona que las declaraciones del presidente llegaron en un contexto “terrible para el país”. “Fue la semana en la que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Paola Guzmán y lo que sucedió con Paola partió de un acoso”, afirma.

Las expertas señalan que el tema no fue tomado con la importancia que se merece y que “todas las instituciones están en deuda con las mujeres y niñas del país”.