La externalización de las farmacias del sistema de salud pública genera dudas sobre su aplicación.

Los actores principales, como los productores nacionales y los importadores de medicinas, afirman que no han sido invitados a la socialización. Más bien, el lunes, cuando el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto que da las pautas del programa, se enteraron de los detalles. Por ejemplo, que atañe tanto a hospitales del Ministerio de Salud como los del IESS y de los institutos de seguridad social de la Policía (Isspol) y Fuerzas Armadas (Issfa).

Para el gremio, dar a las farmacias la intermediación de los fármacos puede elevar los precios y fomentar la corrupción.

De allí sus dudas: ¿cómo funcionará el sistema?, ¿con cuáles farmacias?, ¿con cuáles medicamentos?, ¿a qué precios?, y ¿cómo les pagarán a productores y expendedores?

La información se ha dado a cuentagotas. En el decreto se dice que en un mes cada hospital de la red pública debe entregar un plan de externalización adecuado a sus realidades.

En dos meses, el Ministerio de Salud debe seleccionar las farmacias y, de forma progresiva, la entrega de medicamentos en las farmacias se deberá realizar hasta septiembre.

“Abastecimiento de medicamentos en farmacias privadas: ¿solución, riesgo o negociado?”, se pregunta Ricardo Ramírez, coordinador provincial de Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción.

El activista pide información sobre cómo será la selección de las farmacias. ¿Se tomará en cuenta criterios como ubicación? ¿Serán cadenas o pueden participar las pequeñas?

Agrega que la falta de respuestas alimenta la sospecha de que el sistema realmente no busca una solución definitiva al problema del desabastecimiento crónico de medicinas, sino que responde a los intereses comerciales de determinadas cadenas farmacéuticas que, a su criterio, serán las principales beneficiadas. “La falta de transparencia anima a la corrupción”, sentencia.

En la parte práctica, el gremio de laboratorios farmacéuticos ALFE ha advertido también el riesgo de que no se pueda implementar desde el punto de vista legal; y que no sea sostenible desde lo económico.

Pero esta duda ya se solventa con el decreto, pues están en marcha la reforma del Reglamento a la Ley de Contratación Pública. A los hospitales y centros médicos se les acorta los brazos. El nuevo texto limita las compras de fármacos. Ya que solo podrán adquirirlos mediante catálogo y por medio de externalización.

En lo económico, el gremio farmacéutico dice que el Gobierno debe crear un fideicomiso para garantizar el pago de las farmacias, pues si se deja a disposición de cada hospital se corre el riesgo de retrasar los pagos y que retornen los problemas de desabastecimiento.

Sobre esto, el decreto da luces. Señala que cada hospital debe firmar un convenio de adhesión. Para la suscripción, se debe contar con la disponibilidad presupuestaria. Los precios de los fármacos son los fijados en el catálogo electrónico elaborado por el Servicio Nacional de Compras Públicas.

• “Compramos al fabricante”

El exministro de Salud, Luis Sarrazin, afirma que en la entidad médica donde colabora, desde hace 20 años, él se encarga de la compra de las medicinas. Y que lo hace de manera directa a los fabricantes, sin intermediarios, mediante concurso, para adquirir los fármacos de mejor calidad y con el mejor precio, sin que en todo este tiempo haya tenido casos de desabastecimiento o corrupción.

“Lo que pasa es que hacer lo que hacemos nosotros no representa ningún beneficio económico. Es trabajar para la institución y no para el bolsillo”, dice sobre los problemas en la red pública.