La pertenencia territorial, el vacío oculto entre candidatos para las elecciones seccionales

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La pertenencia territorial, el vacío oculto entre candidatos para las elecciones seccionales

En la inscripción, los políticos deben cumplir con una de las tres validaciones que establece la Ley Electoral sobre su vínculo con jurisdicciones

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Participantes. 276 organizaciones políticas (movimientos y partidos) podrán participar de las elecciones del 2023, según el Consejo Nacional Electoral.Archivo

Unos 90 mil candidatos se estima que correrán por las diferentes dignidades seccionales en las elecciones de febrero próximo. Muchos han nacido, crecido, estudiado, formado una familia en un territorio específico y ahora ven a estos comicios como una oportunidad de trabajar por su jurisdicción, donde es muy probable que las carencias se hayan enquistado por décadas.

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Sin embargo, analistas electorales ven con preocupación que en medio de esa vorágine de postulaciones haya intenciones más políticas, de poder o de hambre de recursos, que un verdadero interés por servir a sus conciudadanos.

Esteban Ron, experto en temas electorales, explica que en las últimas reformas a la Ley de la Democracia quedaron ciertos detalles por ajustar.

“En las reformas al Código de la Democracia del 2020 se señaló específicamente que los candidatos de determinada circunscripción electoral, sean asambleístas, concejales, alcaldes, etc., tienen que demostrar su vinculación territorial”, ya sea por nacimiento, domicilio o por haber votado ahí en elecciones pasadas, indica el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y máster en Democracia por la Universidad de Salamanca (España).

Él lamenta que la norma carezca de apartados que precisen los controles que se deberían de ejecutar para verificar que la información que entregan los políticos sea correcta, apegada a la realidad y conveniente para los electores que buscan cercanía con sus candidatos. “Esto es tan circunstancial (grupo de alternativas para validar la pertenencia) que pueden demostrarlo de cualquier manera. Por ejemplo, Daniel Noboa Azín, el hijo de Álvaro Noboa, que ha tenido toda su vida profesional en Guayaquil, pero es asambleísta por la circunscripción de Santa Elena, porque él demostró domicilio en Olón. Es inaudito porque él jamás será una representación territorial cotidiana y personal de las necesidades de Santa Elena”, comenta el experto.

Este Diario solicitó una entrevista con algún vocero del Consejo Nacional Electoral, pero no se atendió el pedido. 

Por su parte, el equipo de prensa del legislador aseguró, a través de una comunicación, que y Noboa ha sido testigo en la provincia de Santa Elena "de las grandes necesidades ciudadanas como son: la falta de educacion, servicios basicos, salud, trabajo y empleo", donde "desarrolla un plan de trabajo denominado 'Un nuevo comienzo' enfocado en crear más oportunidades". Se añade en el documento que el colegiado ha participado en 120 sesiones de la Asamblea Nacional y en la aprobación de 5 leyes.

"Otro de los ejes de trabajo propuestos es la protección pesqueras a fin de que los pesqueros artesanales de la provincia de Santa Elena pueden trabajar en condiciones de seguridad", se lee en el documento.

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El filtro para ese tipo de candidaturas es aún más flexible porque solo basta con que se cumpla una de las tres condiciones. “Eso propicia que haya poco conocimiento del candidato sobre el territorio y por lo tanto de las leyes o de las políticas públicas que deban implementarse”, analiza Mónica Banegas, vocera del Observatorio de Participación Política de la Mujer, que funciona en Quito.

Yadira Allán, directora del Instituto de la Democracia, reconoce que es recurrente hallar programas de gobierno de candidatos que presentan una desconexión con la realidad del territorio. También es común que postulantes ofrezcan cosas que van más allá de las competencias de las dignidades que buscan en una elección.

“Nosotros en estos procesos (elecciones) prevenimos a los candidatos, con capacitaciones, para que se acerquen a la ciudadanía con todos los mecanismos de participación ciudadana, para que se acerquen a los gremios, a los barrios, a las agrupaciones sociales, para que de ahí levanten la información (...). Por ejemplo, los concejales no pueden ofertar obras. Ellos son los encargados de hacer y normar ordenanzas y la fiscalización”, explica la directiva.

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En lo que va de este año, Allán informa que se han capacitado a unas 4.500 personas que serán candidatas en las próximas elecciones. Esas capacitaciones están disponibles en la página web del instituto.

Banegas, del Observatorio de Participación Política de la Mujer, menciona otros problemas que afectan la calidad de los postulantes, que se traduce en dignatarios poco capaces de atender las necesidades del pueblo: la falta de formación política y la escasa militancia en movimientos y partidos que se desenvuelven con reglas electorales permisibles.