Las pugnas políticas desbaratan la confianza en el Estado, ¿por qué?
El uso de las instituciones públicas para resolver los problemas entre políticos se ha vuelto una práctica común
Las acusaciones, insultos y descalificaciones entre políticos ya no se limitan solo al cruce de palabras en redes sociales y medios de comunicación, sino que ahora intentan ser demostrados mediante el uso y abuso de las instituciones del Estado.
Por ejemplo, la presidenta de la Asamblea Nacional, la correísta Viviana Veloz, denunció haber sido alertada sobre un presunto plan del Gobierno en su contra, que incluiría allanamientos a su familia por parte de la Fiscalía General del Estado, entidad que, en teoría, es independiente.
Y es que los casos abundan: Verónica Abad denunció que el caso Nene en contra de su hijo responde a su pugna con el presidente Daniel Noboa; el Gobierno cuestionó que el Municipio de Guayaquil retirara la movilización policial en medio del conflicto con el alcalde Aquiles Álvarez; entre otros.
El abuso del Estado pone en duda la ética de las autoridades
Aunque en la mayoría de estos casos el uso de instituciones del Estado se disfraza bajo el cumplimiento de sus funciones, el jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, señala que el problema radica en el comportamiento ético de las autoridades.
“Estamos caminando sobre la delgada línea entre lo legal y lo ético”, comenta, y pone como ejemplo la reciente disputa por la clausura de restaurantes vinculados a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la respuesta que hubo por parte del Municipio.
Según Alarcón, en este caso la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) tiene la potestad de realizar los controles necesarios, así como el Cabildo tiene la facultad de velar por el cumplimiento del pago de tasas e impuestos municipales.
Sin embargo, hace hincapié en que “la enorme discrecionalidad con la que se actúa hace que el ejercicio de las funciones sea abusivo, pero no lo convierte en ilegal”. En ese sentido, señala que estas prácticas debilitan al Estado ecuatoriano, por la mala utilización de sus propias instituciones.
Las autoridades se pelan y los ciudadanos pierden
Desde un punto de vista conceptual, esto no debería ocurrir en ningún país democrático. Sin embargo, el jurista y exasambleísta Héctor Muñoz sostiene que esta práctica es cada vez más común y distorsiona el propósito real de las instituciones: resolver los problemas de la ciudadanía, desviando la atención hacia disputas sobre quién tiene la razón.
En este contexto, el único que pierde es el ciudadano. “El momento y la situación del país son delicados, y cualquier causa, por más justa que sea, puede verse deslegitimada si se percibe como un acto de campaña o un ataque político”, analiza.
Más allá de la dicotomía entre ganadores y perdedores o entre fuertes y débiles, Muñoz advierte que el abuso del Estado solamente provoca la deslegitimación de las autoridades y sus atribuciones, ya que sus acciones terminan interpretándose como oportunismo político.
A pesar de ello, aunque la meta de todos debería ser recuperar el Estado de derecho y el respeto a las instituciones, Alarcón concluye que “en un país como el nuestro, donde lamentablemente la gente cree en las personas y no en las instituciones, cada uno toma partido y no reclama”.
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