¿Qué pasos legales puedo seguir si alguien me difama en redes sociales en Ecuador?
Es posible seguir el camino legal para defenderse de difamaciones en las redes sociales
Las redes sociales se han convertido en espacios donde el descrédito puede viralizarse en segundos. Comentarios ofensivos, acusaciones sin fundamento o publicaciones que afectan la reputación de una persona son cada vez más comunes. Aunque el país cuenta con leyes que protegen el honor individual, acceder a la justicia frente a una difamación digital puede tornarse complejo.
El abogado Julio César Cueva explica que estas conductas, si bien no se consideran delitos graves, sí encajan como contravenciones de cuarta clase, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). No obstante, probar que hubo descrédito o calumnia es un proceso técnico, procesalmente exigente y con plazos muy ajustados. Aun así, existen mecanismos legales que permiten defender el honor y exigir justicia.
¿Qué dice la ley?
El Artículo 396 del COIP tipifica las contravenciones de cuarta clase, y en su primer numeral establece lo siguiente:
“Será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra.” Esta contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto.
Esto significa que si alguien te insulta o desacredita públicamente, incluyendo redes sociales, blogs, correos electrónicos o cualquier medio electrónico, puede ser sancionado con cárcel de hasta un mes. La ley reconoce que el daño al honor puede ocurrir en entornos digitales, y no limita la protección al ámbito físico o verbal tradicional.
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El abogado Julio César Cueva subraya que la ley es explícita al incluir medios electrónicos como canales válidos para cometer esta contravención. Esto abarca publicaciones en Facebook, Instagram, TikTok, X (antes Twitter), WhatsApp, blogs, foros y cualquier plataforma digital.
Además, si la publicación incluye una falsa imputación de un delito, se configura el delito de calumnia, regulado en el Artículo 182 del COIP, que contempla una pena de seis meses a dos años de prisión. En este caso, el proceso puede escalar a una acción penal más grave, y el querellante debe demostrar que la imputación es falsa y que hubo intención de causar daño.
¿Querella o denuncia?
A diferencia de otros delitos, en estos casos no se presenta una denuncia ante la Fiscalía, sino una querella penal directa ante un juez. “Es como una demanda civil, pero en materia penal”, explica el abogado. El proceso implica:
- Identificar al agresor y conocer su domicilio o lugar de trabajo.
- Presentar la querella ante el juez competente.
- Citar legalmente a la persona acusada.
- Realizar una audiencia donde ambas partes presentan pruebas.
- Esperar la sentencia, que puede ser apelada en segunda instancia.
¿Qué pruebas se necesitan?
Uno de los mayores retos es probar la autoría de la publicación, especialmente si se usó una cuenta falsa. “La gente baja una foto de internet, crea una cuenta con tu nombre y después borran la cuenta, así es imposible probarlo”, señala Cueva. Además, los servidores de redes como Facebook, Instagram o TikTok están en Estados Unidos, lo que complica obtener información técnica en menos de 90 días, plazo en el que prescribe la acción. Por eso, el abogado recomienda:
- Capturas de pantalla con fecha y contexto.
- Testigos que confirmen que la cuenta pertenece al agresor.
- Evidencia de que la persona tenía control sobre la cuenta al momento de la publicación.
Es recomendable guardar este tipo de información a penas se tenga conocimiento de la misma para así evitar que luego sea borrada y no se tenga constancia de esta.
¿Puedo pedir indemnización?
Además de la querella penal, el abogado aclara que la víctima puede presentar una acción civil por daño moral. Este proceso es más largo y tiene tres instancias: juicio ordinario, apelación y casación. “Ahí no se va preso, pero sí se puede pedir una cantidad de dinero como reparación”, explica Cueva.
Ambos procesos pueden llevarse en paralelo, pero requieren pruebas similares: demostrar que la cuenta es del agresor, que hubo intención de causar daño y que el contenido afectó la reputación de la víctima.
¿Vale la pena iniciar un proceso?
Cueva reconoce que muchas personas prefieren no iniciar acciones legales. “La gente prefiere tratarlo de manera privada o dejarlo pasar porque estar con abogado y todo es complicado”, comenta. El tiempo, el dinero y la dificultad para probar la autoría digital hacen que muchos casos queden sin respuesta.
Sin embargo, cuando el daño es grave, constante o afecta la vida profesional, iniciar el proceso puede ser necesario. “Cada caso es distinto. No es lo mismo que digan que alguien es ‘vaga’ a que digan que es ladrona o estafadora. Ahí recae la injuria y la calumnia que podría impulsar un proceso con consecuencias mayores”, concluye.
