Aunque es el interpelante casi termina como abogado. El exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli rindió ayer su versión ante la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político en contra del excontralor Pablo Celi.

Pese a que la comparecencia, que se desarrolló desde la cárcel de Ambato, en donde está recluido Pareja que ya suma cinco sentencias, era para hablar del caso Las Torres por el que es investigado Celi, este fue más allá y dijo que centrarse en ese caso es infructuoso y no permitiría determinar la verdadera estructura de corrupción que habría operado en el país y de la que hizo responsable al expresidente Rafael Correa y a su vicepresidente, Jorge Glas Espinel.

“El caso Las Torres es apenas el hilo conductor a donde quiere llegar la Asamblea y la justicia y ojalá así sea”, señaló el exfuncionario, quien recordó que regresó al país con un acuerdo de cooperación por escrito que asegura no se ha cumplido y está dispuesto a revelar y explicar a la comisión.

La intervención no fue del agrado del interpelante Juan Lloret, de Unión por la Esperanza (UNES), quien dijo que ese no era el motivo del llamado al exministro y que trataría de “guiar” las comparecencias para que no se conviertan en una tribuna abierta en la que se vaya a decir lo que venga en gana.

“Ya que el señor Pareja ha decidido decir una serie de elementos, hay uno que me llamó la atención. Él dice que en su momento existió un acuerdo para traerlo de vuelta al país, ¿usted se siente traicionado? ¿Qué incluía ese trato? ¿Quizá era imputar al expresidente de la República?”, cuestionó Lloret.

Miguel Revelo, abogado de Pareja, pidió la palabra para sugerirle que no responda a esas preguntas “porque el tema lo quieren hacer político y lo quieren desacreditar”, dijo. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, agregó que si se le pide a Pareja centrarse en el caso, preguntarle si se siente traicionado está fuera de lugar.

Antes fue el turno de la excontralora subrogante Valentina Zárate, quien llegó cargada de información que la Mesa Legislativa calificó como “muy valiosa”. Reconoció que visitó a Celi en la Cárcel 4 de Quito y fue con las acciones de personal correspondientes para poder ejercer la función de subrogante.

Manifestó que cuando asumió el cargo encontró que había unos mil informes que fueron aprobados fuera del plazo legal y cuestionó si el nuevo contralor subrogante, Carlos Riofrío, va a predeterminar con base en estos documentos caducados.

La exfuncionaria señaló que hasta junio pasado se pudieron hacer 4.294 reposiciones de documentos, de los 22.000 que se habrían quemado durante las protestas de octubre de 2019.

Al ser consultada por Lloret, si había recibido presiones y amenazas, contestó que hay muchos intereses detrás de la Contraloría y que recibió tres llamadas, en diferentes tonos, mientras fue subrogante. En una de ellas alguien que se hacía pasar por Fabián Pozo, actual secretario jurídico de la Presidencia, le dijo que el presidente estaba muy preocupado por la situación de la Contraloría y que le daban una semana para hacer cambios en áreas estratégicas de la institución.

Luego en un tono más hostil le recriminaron por no cumplir el plazo y le hacían acuerdo de la suerte que corrió el exsecretario de la Presidencia, José Augusto, quien falleció en prisión. Zárate habría comprobado que las llamadas no fueron hechas por el secretario Pozo.