Pandora Papers: La pugna por quién investiga en la Asamblea se tornó política
Las indagaciones legislativas suelen no trascender ni generar un gran impacto. La Comisión donde recae el caso no cuenta con ningún legislador de CREO
El titular de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, cuestiona la decisión del pleno.
Una pelea más. La Asamblea Nacional no sale de una pugna interna para meterse en otra. Que la investigación del caso Pandora Papers ahora recaiga en la Comisión de Garantías Constitucionales y no en la de Fiscalización abrió otro frente de impasse y hasta levanta suspicacias.
La suspicacia. Ningún legislador del movimiento CREO integra la Comisión de Garantías Constitucionales que investigará el caso Pandora Papers.
En un vistazo al pasado, las recientes investigaciones legislativas suelen no caracterizarse por su gran impacto, repercusión o por desvelar grandes descubrimientos, por lo que abrir otra ruptura por esto, a criterio del analista político Andrés Campaña, puede responder a una cosa: show político. “Si se asume con responsabilidad la investigación y se responden a las dudas ciudadanas alrededor del caso, el trabajo será fructuoso;caso contrario si se limita a un escándalo más no veremos resultados”, comentó el experto quien cree que se pudo zanjar este inconveniente conformando una comisión multipartidista que investigue específicamente este caso.
Bajo esa metodología se han abierto varias investigaciones legislativas con escaso alcance, por ejemplo, la que indagó los hechos del paro de octubre de 2019 y cuya conclusión rayó hasta en lo obvio:dejar que la justicia sea la que determine las responsabilidades sobre los hechos violentos.
El exasambleísta Héctor Yépez, quien integró dicha mesa ocasional, cree que cuando las indagaciones no involucran a sujetos sometidos a interpelación política se quedan en procesos simbólicos. En el caso de los Pandora Papers, salvo que arranque o derive en una interpelación política contra el presidente Guillermo Lasso, “no veo mayor cosa que se pueda hacer”. “Lo grave es que, a cinco meses de gestión, hay asambleístas que sugieren una renuncia o destitución del presidente. Les caiga bien o mal sería una locura para el país”.
Más allá de la pugna interna y de las escasas repercusiones de las investigaciones legislativos, a criterio de Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, no deja de ser legítimo lo actuado por la Asamblea en todo este embrollo. El ejercicio de fiscalización, precisa, va más allá de los juicios políticos. Es generar esta práctica algo abstracta de peso y contrapeso. “Puede ser que digamos que no hay resultados (en las investigaciones), pero el resultado de un control político es netamente político... Si de acuerdo a la investigación, la Comisión determina que el presidente ocultó información en su declaración patrimonial, el resultado será que el pleno exhorte a la Función Judicial a que inicia una indagación penal. El exhorto es una consecuencia política”.
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