Parecía muerto y enterrado: el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso Pandora Papers, amañando, no debatido, alterado a último minuto para incluir la propuesta de destituir al presidente de la República y carente de toda prueba sobre su vinculación actual con paraísos fiscales, había llegado desahuciado al Pleno de la Asamblea. Dos intentos hicieron sus defensores para salvarlo. Fracasaron. Pero cuando parecía que no quedaba otra opción que conocer y votar el informe de minoría, donde se proponía el archivo del caso, apareció el coordinador del bloque de Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo. Tras calificar todo lo ocurrido de politiquería barata, hizo el mejor despliegue de la suya: tomó el informe muerto y lo revivió. Ya no habrá juicio político pero sí se llamará al presidente a que rinda cuentas ante el Pleno. Y el informe, ese informe amañado que ni siquiera consiguió juntar 70 votos para su aprobación, será enviado, con carácter de oficial en toda regla, a la Contraloría y otros organismos para que emprendan una investigación.

Poco más de cinco horas duró la sesión, que concluyó con grupos alebrestados de asambleístas gritando sus insatisfacciones, una desesperada apelación a la Presidencia de la sala, elevada y perdida por el independiente César Rohón, y tres mociones más bien confusas en las cuales la Izquierda Democrática actuó como fuerza dirimente para beneficio de los correístas.

Primera moción: considerar el estado de conmoción interna que vive la República y proceder a la destitución del presidente Lasso. Golpe de Estado parlamentario (el favorito de los bonapartistas desde el 18 Brumario hasta la fecha) que tuvo por auspiciante a la correísta Paola Cabezas: 51 votos a favor, 77 en contra. Segunda moción: enviar el informe de la Comisión a los organismos de control para que investiguen al presiente de la República y conceder a este último un plazo de 30 días para que se presente ante el Pleno y explique su vinculación con los paraísos fiscales. Proponente: el presidente de la Comisión Pandora, Fernando Cabascango, al parecer arrepentido de la teoría de la conmoción social. 61 votos a favor, 47 en contra y 23 abstenciones: denegado. Tercera moción, la de Jaramillo: remitir el informe a las autoridades de control y exhortar al presidente a que se presente ante el Pleno. Una diferencia de modales que puede ser usada a favor de Carondelet, pues los exhortos de la Asamblea no son vinculantes, pero que mantiene con vida el informe golpista.

Por lo demás, descontando el aburrido recuento del informe leído con torpeza por el presidente Cabascango y su estridente defensa a cargo las correístas Paola Cabezas y Victoria Desintonio, tres intervenciones marcaron el carácter del debate. La primera fue la de Sofía Sánchez, Pachakutik del ala anticorreísta e integrante de la Comisión Pandora. Ella se explayó en el recuento de las irregularidades ocurridas durante las sesiones de la Comisión, irregularidades que ilustró, en la mayoría de los casos, con videos incontestables. Primero: el informe se votó sin que fuera debatido. Segundo: la información utilizada para la elaboración del informe llega hasta abril de 2017, es decir, cinco meses antes de que entrara en vigencia la ley de la consulta popular de cuya violación se acusa al presidente. Tercero: las legisladoras correístas dejaron sistemáticamente sin cuórum a la Comisión cuando se disponía a escuchar el testimonio de especialistas que no eran de su agrado. Cuarto: los periodistas de diario El Universo que hicieron la investigación no comparecieron y la Comisión no conoció ninguno de los documentos que cita. Quinto: los anexos con la supuesta documentación fueron añadidos al informe final dos días después de su aprobación... En resumen: no dejó títere con cabeza la asambleísta Sánchez.

La segunda intervención notable, esta vez desde una perspectiva básicamente ética, fue la de la también asambleísta de Pachakutik Gissella Molina. En un arrebato de vehemencia fruto de su indignación moral, ella aportó con una información que todo el país daba por sentada pero que rara vez se escucha en boca de un testigo: “Lo digo con mucho conocimiento -dijo-, aquí unos quieren puestitos, otros quieren impunidad, otros quieren librar a sus amigos pero todos quieren algo al fin del día”.

La tercera intervención fue la de Fernando Villavicencio, quien sorprendió al Pleno con la presentación de los documentos que la Comisión Pandora no se molestó en buscar: “Aquí están -dijo-, 24 documentos debidamente apostillados” que exculpan al presidente Lasso de poseer bienes o capitales en paraísos fiscales desde días antes de la inscripción de su candidatura. Dicho lo cual pasó a la carga: recordó que “Arroz verde fue la catedral de los paraísos fiscales” y que Ricardo Rivera, el tío del exvicepresidente convicto Jorge Glas, a quien llamó “uno de los capos de los paraísos fiscales”, está a punto de “ir a disfrutar en su dormitorio master a pesar de haber sido el testaferro que manejó la offshore Glory International y haber recibido 16 millones de Odebrecht”. Porque una cosa son los paraísos fiscales usados para negocios lícitos, clamó señalando a la bancada correísta, “y otra muy distinta las empresas de papel para lavar dinero y mover la plata de los sobornos”.

Con Diego Ordóñez, de CREO, la cosa se fue calentando en el salón del Pleno. Los gritos y las explosiones de indignación se multiplicaron cuando el asambleísta de CREO cerró su intervención al grito de “la conmoción social está en sus cabezas”. Él fue el vigésimo asambleísta que intervino en el debate, número que la presidenta Guadalupe Llori juzgó suficiente. Se pasó de inmediato a votar las dos mociones presentadas: la radical de Paola Cabezas y la edulcorada de Fernando Cabascango. Cuando Alejandro Jaramillo entró a terciar con su moción propia, antes de que se conociera siquiera el informe de minoría, César Rohón apeló la presidencia. Pero la aplanadora ya estaba en marcha. Gracias a la Izquierda Democrática, el golpe parlamentario tiene cuerda para un rato más y el saludo a la bandera les quedó redondo.