Una fuerza pública con las manos atadas ante la violencia política; que no pueda mover un dedo para controlar manifestaciones aunque éstas incendien la Contraloría, destruyan ambulancias en servicio o tomen por asalto los pozos petroleros o los reservorios de agua. Esa fue la propuesta con la que Pachakutik y parte de la bancada correísta consiguieron entrampar en la Asamblea el proyecto de Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza, cuyo segundo y definitivo debate finalizó este martes. Estuvieron a punto de salirse con la suya, pues habían logrado ya un consenso con un buen número de asambleístas dispuestos a ceder en ese tema con tal de salvar el resto del proyecto. Sin embargo, los cambios exigidos por Pachakutik obligaban a posponer la votación (era necesario devolver el texto a la Comisión respectiva para que los procese) y el Pleno se había propuesto aprobar la ley en este mismo día. Esa urgencia salvó al proyecto original, que recibió el respaldo de 104 asambleístas.

El legislador ponente, Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, se opuso con vehemecia a las demandas de Pachakutik. Recordó que un mandato de la Corte Constitucional obligaba a la Asamblea a incluir en esta ley el tema del control de manifestaciones, e hizo notar que los tres artículos que tratan ese tema no sólo recogen los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino que prácticamente los transcriben. Hoy la protesta es un problema de orden público, dijo: en este proyecto de ley es un derecho protegido por la Policía. Hoy la fuerza pública está autorizada a dispersar manifestantes; este proyecto de ley garantiza su derecho a ocupar el espacio público. Hoy una manifestación puede ser declarada violenta con el fin de reprimirla; este proyecto de ley lo prohíbe aunque en ella haya un grupo de personas que promueva la violencia. Hoy se usan perros y caballos para controlar manifestaciones; esta ley lo prohibe. Hoy se requiere de autorización para manifestarse; con este proyecto de ley ese requisito ya no es exigible...

Estos argumentos no convencieron a los radicales. En algunos casos, por simple incomprensión de la materia (el correísta Ricardo Ulcuango, por ejemplo, seguía exigiendo que la ley cumpla los estándares del sistema interamericano); en otros, por puro fundamentalismo: no están de acuerdo con que se establezcan excepciones. Ejemplo: el proyecto prohíbe a la Policía dispersar manifestaciones; “sólo sera autorizada por la autoridad competente, de manera excepcional -dice el artículo 23-, con el único propósito de evitar una amenaza o peligro grave contra la vida”. Esa excepción no le gusta a Pachakutik. “O sea que se prohíbe pero se puede -concluye Mario Ruiz-: dice que no se puede pero más abajito dice que sí se puede”. Salvador Quishpe abundó en el mismo argumento: “todos sabemos que las excepciones se han convertido en regla general”.

Los demás integrantes de la bancada simplemente se agarraron de la idea (que no se molestaron en demostrar) de que el capítulo correspondiente al “uso excepcional de la fuerza” en manifestaciones, viola el derecho a la resistencia establecido en la Constitución. Básicamente, defienden que el derecho a la resistencia da carta blanca a los resistentes para cualquier exceso sin que el Estado pueda ejercer control alguno. Ricardo Vanegas exigió que se elimine incluso el uso del tolete en casos de enfrentamiento violento. “Esas marchas que se lo hace en beneficio de los más pobres y más necesitados -dijo-, hoy se quiere confundir, quiere combatirse a quienes marchan como si fueran delincuentes”. Así, los manifestantes podrían lanzar bombas molotov a los policías y estos no tendrían otra opción que salir corriendo.

El tema del uso de la fuerza en manifestaciones y protestas monopolizó el debate. Lo demás fue retórica. Los correístas insistieron en ridiculizar al gobierno por pretender, supuestamente, que con esta ley se solucionan los problemas de inseguridad (cosa que nadie ha afirmado). Uno de ellos, el exgobernador del Guayas Roberto Cuero, dijo saber lo que se requiere para luchar contra la delincuencia: “Esto se trata, estimados colegas -proclamó triunfante- de solvencia testicular, hay que enfrentar a la delincuencia de frente”. Por lo demás, hubo un aspecto del problema que no pareció interesar a nadie: el narcotráfico. Sólo Fernando Villavicencio se refirió a las otras reformas legales que son necesarias para librar esta guerra: a la Ley de Compañías, para controlar a las empresas que mueven fondos ilícitos; a la Ley de Minería, para atacar los vínculos de los mineros ilegales con los narcotraficantes; a la Ley de Contratación Pública, para evitar el lavado de dinero en obras municipales, como ha ocurrido, dijo en Manta…

De cualquier forma, la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza es considerada una herramienta para la lucha contra el crimen organizado. Especialmente porque garantiza el auspicio jurídico, por parte del Estado, de los policías involucrados en procesos penales por utilizar sus armas contra los delincuentes, y crea un grupo de élite en el cuerpo de guardias penitenciarios. Además, prescribe las etapas del uso progresivo de la fuerza, antes contempladas en un reglamento policial. Que esas etapas no se apliquen en el contexto de manifestaciones, por violentas que estas sean, era la pretensión de Pachakutik que estuvo a punto de convertirse en ley.