Faltando menos de cuatro meses para que el Gobierno de Guillermo Lasso termine, el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Guillermo Rodríguez, dio un paso al costado “por motivos personales y familiares” y aún no hay nombres de quienes posiblemente puedan asumir la administración carcelaria, que desde 2021 hasta la actualidad acumula nueve masacres y 404 fallecidos, según las cifras oficiales presentadas.

El SNAI nació con la firma del Decreto Ejecutivo 560 en el régimen de Lenín Moreno, el 14 de noviembre de 2018. Ese mismo documento eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de ser “responsable de ejercer la rectoría, regulación, planificación y coordinación” de las cárceles, según lo establece el Código Orgánico Penal.

Sin embargo, para julio de 2019 ya se habían cometido 19 asesinatos de reos, en medio de disputas de poder entre las bandas delictivas que operan en el interior de las cárceles. El primer hecho que estremeció a la comunidad ecuatoriana fue la viralización de videos en los que aparecieron reos pateando cabezas cortadas en la cancha de la cárcel de Cotopaxi y otros audiovisuales que mostraban cómo se descuartizaban cuerpos y se retiraron órganos.

Tras la pandemia, los rumores de un gran amotinamiento comenzaron a sonar, hasta que se consolidó en febrero de 2021, con un total de 79 víctimas. En aquel entonces, al frente del SNAI estaba Edmundo Moncayo, quien estuvo hasta julio de 2021, dos meses después de que Lasso asumió el poder. Desde ese entonces, en seis ocasiones se ha cambiado al titular del organismo, porque no se ha garantizado la paz.

Hugo Acero, experto colombiano en seguridad y defensa, expuso que en su país fue posible intervenir de forma integral las prisiones porque, al igual que una enfermedad, se diagnosticó cuál es el principal problema y los medicamentos que se deben usar para terminar con la infección que se presente.

“Las cárceles son el último lugar en el que el Estado a veces pone atención, y esto no debe ser así porque en Latinoamérica es donde se organiza el delito. Esto no se soluciona cambiando directores, sino invirtiendo una cantidad importante para cambiar la realidad carcelaria”, sostuvo.

Además explicó que el proceso demoró varios años y que se necesitó que los gobernantes siguientes se encarguen de continuar con las medidas adoptadas en el territorio.

“En 1998 pasamos por esa misma situación y desde el 88. Por eso se tomó la decisión de construir cárceles de mediana y máxima seguridad; pero no solo es el hacinamiento, es técnica, manejo, recursos, personal y herramientas”, indicó.

Mientras que Rafael Padilla, consultor especializado en temas de tecnología de seguridad, dijo que el proceso de elecciones anticipadas puede ser la oportunidad perfecta para que al implementar las medidas, se ‘abra el camino’ para el saneamiento del sistema carcelario ecuatoriano.

“Es que si se implementa esto, el próximo presidente, que cumple un mandato completo, puede emprender programas de una proyección con mayor alcance. Son actividades que se pueden aplicar rápidamente, con el fin de que no se filtre con facilidad el crimen en el sistema público que administra las cárceles en el país”.