El 1 de octubre de 2021 el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 215 que ordenó al titular de la Secretaría de Derechos Humanos presidir el Organismo Técnico para “ejercer la rectoría de las políticas públicas en el sistema de rehabilitación social”.

Además, esta autoridad se encarga de definir los planes de trabajos en las cárceles de Ecuador, la evaluación de las políticas implementadas por el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) y también tiene la potestad de hacer los cambios que considere en prisiones.

Sin embargo, el 7 de marzo de 2023 entró en vigencia la Ley Orgánica Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, que cambió varias leyes, entre ellas, el reglamento del Organismo Técnico, para que Derechos Humanos ya no esté al frente.

El texto ahora señala lo siguiente: “La máxima autoridad será una ministra o ministro civil con experiencia en derechos humanos, rehabilitación social y seguridad penitenciaria”. En vista de ello, el pasado 3 de julio, la ministra de la Mujer y de Derechos Humanos, Paola Flores, “entregó la presidencia” del Directorio del Organismo Técnico a Guillermo Rodríguez, director del SNAI, conforme a la entrada en vigencia de las reformas realizadas.

Para Diego Pérez, experto en seguridad pública, cualquier cambio que se implemente no surtirá el efecto de seguridad deseado mientras no se atiendan los problemas estructurales.

“El SNAI es tan vulnerable desde su origen porque no hay certeza de cuál es su naturaleza y posición en el mundo y al no haber esa certeza, las demás instituciones que deben aportar afectan y lo dejan en una suerte de limbo institucional, esto más las tensiones de la seguridad macro del país. Lo que al final del día nos arroja una entidad debilitada que no sabe adónde va”, ponderó.

Desde el pasado sábado 22 de julio el SNAI no ha dado datos oficiales, al menos, sobre el total de muertos en la última masacre. Durante este miércoles, la policía volvió a insistir en que se trata de 18 cadáveres levantados en la escena del crimen, después de que el martes la Fiscalía anunció que fueron 31 fallecidos en el motín de la Penitenciaría del    Litoral.

Un episodio contradictorio también ocurrió con el anuncio de Lasso de haber “puesto orden” en la cárcel, sin contar que que tras los 16 atentados terroristas registrados en Esmeraldas y Guayaquil el líder de Los Choneros apareciera en una grabación audiovisual desde la Regional para hablar de una supuesta entrega de armas.

Para Kleber Carrión, exdirector de la cárcel de Santo Domingo, y quien renunció porque desde el Gobierno nacional no se entregó recursos para la implementación de    cámaras en mayo de 2022, dice que es necesario hacer una verdadera “reingeniería al reglamento del SNAI” para así dejar de ser gobernados por las estructuras delictivas.

“Así no vamos a llegar a la paz y a ningún lado. El nivel del sistema de rehabilitación es de mucha más data. Lo que hay que estar es pendientes de su autorregulación y de la capacidad de gestión directa. Porque lo que se ha garantizado es la vida de los líderes de las bandas... Hay que disciplinar la rehabilitación y no le da las garantías de seguridad a sus guías penitenciarios”.

• Acciones tras la masacre

“Espero que nos dejen actuar”

La ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, indicó a EXPRESO que desde la cartera de Estado se encuentra “esperando que nos dejen hacer nuestra intervención de acuerdo a las competencias... No se pudo avanzar porque los cadáveres (de la masacre carcelaria del 22 al 25 de julio) recién salieron de la Penitenciaría”. No obstante, madres y padres de familia se congregaron en los exteriores del reclusorio para reclamar información de sus allegados. Denunciaron que después de cinco días no se ha proporcionado al menos lineamientos para recibir la asistencia necesaria.