La principal lección que deja octubre al Ecuador es que nadie en el país parece dispuesto a sacar lecciones. Fueron diez días de paralización, violencia planificada y de la otra, atentados coordinados contra infraestructura estratégica, afectaciones millonarias a la economía, guerra psicológica de informaciones falsas, en fin, el típico escenario de una tentativa de golpe de Estado de manual. Pero lo peor fue lo que vino después: nada. Mucho se debatió, es cierto, pero sin otro resultado que diluir los temas de fondo en nubes de retórica. La Asamblea Nacional nombró una comisión especial que dedicó treinta días a investigar el tema y no arribó a conclusión alguna que no se supiera de antemano. Con excepción de un puñado de procesos judiciales en marcha, que muchos quisieran ver evaporados, Ecuador se comportó como si octubre no existiera. Sin embargo, octubre puso al descubierto todas las miserias del país:

La deuda social, atrasada; la agenda económica, inviable; la política, atada a los intereses electorales y sin otro horizonte aparente que enero de 2021; la empresa privada, incapaz de mirar más allá del cálculo de utilidades, fiel a un concepto de ‘responsabilidad social’ que se da por satisfecho con la creación de empleo; una derecha dedicada al bloqueo; una izquierda kamikaze que ha vuelto al mismo callejón sin salida que años atrás la condujo al correísmo; unos movimientos sociales que apuestan por la extorsión y han caído en manos de una dirigencia fundamentalista y mediocre; un gobierno incapaz de tejer acuerdos hasta con su propio bloque de legisladores en la Asamblea Nacional; una sociedad partida. Pero no, aquí no ha pasado nada.

El legado de octubre es una larga lista de debates urgentes que el país se niega a asumir. Estos son algunos de ellos.

1. La palabra mágica es no

Todos están de acuerdo en que los subsidios a los combustibles son antitécnicos, benefician a quien no los necesita y deben ser eliminados. Pero cuando un gobierno decide sacárselos de encima, lo crucifican. Todo el mundo sabe que el déficit es inmanejable y que el país no puede seguir endeudándose para cubrirlo. Pero cuando un gobierno decide subir los impuestos, ponen el grito en el cielo. A nadie se le escapa el hecho de que el mantenimiento de la burocracia se chupa un porcentaje obsceno del presupuesto. Pero si se habla de despedir personas, eso sí que no, eso no se puede.

La capacidad de bloqueo de las élites políticas es infinita y ni siquiera un estallido social como el de octubre consigue atenuarla. En la Asamblea Nacional, los desesperados intentos del gobierno por aprobar un plan económico que le permita manejar la crisis chocaron siempre contra un muro: porque hay que decir no a los nuevos impuestos; no al desempleo; no a la reducción de partidas presupuestarias…

Todo asambleísta quiere ser el héroe de alguien en quien tiene depositadas sus esperanzas electorales: los estudiantes, las mujeres, los transportistas, los habitantes de Calceta… Así que no, no y no. Es impúdico. ¿Se puede hacer política sin generosidad?

2. La raza vuelve al ruedo

El romance entre la clase media quiteña y el movimiento indígena llegó a su fin. Por mucho tiempo, la capital había acogido (en ocasiones con entusiasmo, sobre todo durante el decenio correísta) cuanta marcha indígena llegó hasta ella; les destinó un espacio (el parque de El Arbolito), les brindó ayuda humanitaria y, en muchas ocasiones, acompañó sus protestas. Nunca la ciudad se sintió amenazada. Este panorama cambió abruptamente. Tras los sucesos de octubre, no parece previsible que vuelva Quito a recibir una marcha indígena con la unánime tolerancia de antaño. El racismo latente de la sociedad mestiza despertó y estalló en las redes con insólita violencia verbal.

Del otro lado, la susceptibilidad se disparó. El debate público, enrarecido ya por un sentido exacerbado de corrección política, se volvió un campo minado. La acusación de racismo lanzada contra cualquiera que formulara críticas al movimiento indígena dinamitó cualquier intento de racionalizar la conversación.

Se invirtieron los términos de la discriminación. Ahora eran los dirigentes indígenas (y sus aliados: las izquierdas) quienes empezaban a reivindicar criterios raciales en el contexto de los discursos políticos. En la Asamblea, Leonidas Iza rajó contra los mestizos y los llamó ignorantes, estúpidos, zombis, gente a la que hay que alfabetizar. En la televisión, la socióloga Natalia Sierra afirmó que los ecuatorianos de piel más clara deberían agradecer a los indígenas por “haberlos acogido” en sus tierras. ¿Hacia dónde conduce esta creciente ‘racialización’ de la política? ¿Cómo se sale de este atolladero?

3. ¿Territorio de quién?

La nueva dirigencia de la Conaie ha dado muestras de su voluntad de desconocer el Estado unitario y contraponerlo con la plurinacionalidad, como si fueran conceptos excluyentes (no lo son en la Constitución de la República). El decreto (inconstitucional) que firmó Jaime Vargas durante los días iniciales del paro, declarando el “estado de excepción” en los territorios indígenas y prohibiendo a policías y militares entrar en ellos, so pena de secuestro, fue un primer paso hacia la construcción de un Estado dentro del Estado. ¿Es ese el objetivo de dirigentes como Vargas y Leonidas Iza? Siguieron los abusos ocurridos en el teatro Ágora de la Casa de la Cultura y la proclamación de ese lugar como “territorio indígena” por parte de, nada menos, la excanciller y expresidenta de la Corte Constitucional Nina Pacari. Finalmente, días después de las protestas, hubo conflictos en varias comunidades de la Sierra cuando el presidente de la Conaie exigía que los funcionarios del Estado pidieran permiso para entrar en las comunidades.

Otro legado de octubre: un debate sobre la territorialidad indígena ahí donde no había ninguno. Y no lo había porque la Constitución es clara: diferencia la propiedad de las tierras ancestrales de la creación de circunscripciones territoriales indígenas, para lo cual se establece un procedimiento que incluye consulta popular. Las circunscripciones territoriales indígenas tienen autonomía administrativa y asumen competencias de gobiernos autónomos (GAD).

Jaime Vargas habla de “territorios indígenas” con una vaguedad en la que cabe cualquier cosa. Sobreentiende que la independencia administrativa y las competencias de gobierno (que él reduce a una sola: seguridad) son un derecho natural de los pueblos indígenas que no se somete a ley alguna. ¿Cómo se recupera la perspectiva legal en este debate?

4. sos: violencia en acción

Octubre sienta un inquietante precedente y deja un fantasma planeando sobre el horizonte: ahora el país sabe hasta qué extremo son capaces de llegar los violentos cuando se les presenta la oportunidad de actuar y desestabilizar la democracia. Fue la violencia social lo que hizo del paro nacional un hecho decisivo para la política ecuatoriana; en la violencia reside su novedad absoluta y su potencia. Sin embargo, el debate sobre la violencia es prácticamente imposible en el Ecuador: o se lo elude o se lo desvirtúa.

Se lo desvirtúa cuando se atribuye el origen de todas las violencias a la violencia estructural de la injusticia social. ¿Acaso el FMI no es más violento que quienes protestan contra él? Solemne tontería: de un lado, porque no se puede equiparar dos categorías de violencia incomparables; de otro, porque justificar la violencia política no implica legitimarla. Y la violencia política (por simple contradicción en los términos) nunca puede ser legítima.

Otra manera de boicotear el debate sobre la violencia política es eludirlo: los fantasmas tienen la culpa. Los “infiltrados”, dijo la Conaie. ¿Quiénes son? Nadie lo sabe, están encapuchados. Sin embargo, cualquiera que hurgue por debajo de la superficie de las nuevas militancias encontrará a los talibanes, senderistas, maoístas, defensores de la lucha armada… Grupos llamados ‘José Carlos Mariátegui’ o ‘Vientos del Pueblo’ a los que la izquierda y los movimientos sociales no solo han tolerado durante años: les han dado de comer. ¿Cabe esperar todavía una dosis de honestidad intelectual para afrontar este peligro? ¿Está el país condenado a repetir los episodios de violencia sin haber podido ni siquiera conversar sobre ella?

5. La izquierda reincide

¿Hacia dónde va la izquierda? Diez años de correísmo no le dejaron lecciones. Empezando por su olímpica manera de lavarse las manos: “el correísmo no es de izquierda”, han repetido sus líderes para eludir las responsabilidades que les corresponden en los atropellos de ese decenio. Lo que significa que ellos no han cometido error alguno. Simplemente, fueron traicionados. No tienen, por tanto, nada que enmendar. Y nada han enmendado.

A esa izquierda incapaz de asumir responsabilidades la sorprendió octubre en el mismo callejón que doce años atrás la condujo al correísmo. Nada ha cambiado: si se está convencido de que la culpa de todos los males del país la tiene el Fondo Monetario Internacional; si se actúa como si la paz social pudiera ser sacrificada en nombre del Proceso (con mayúscula); si se continúa repitiendo muletillas del tipo “prensa corrupta”, “derecha fascista”, “receta neoliberal”; si se insiste en no llamar dictadura al régimen cubano… Si se hace todas estas cosas y otras parecidas, no tardará uno en encontrarse compartiendo barricada con los correístas (aunque no sean de izquierda) y luego no tendrá más alternativa que votar por ellos. Ese, precisamente, parece ser el camino que está recorriendo nuevamente la izquierda ecuatoriana. ¿Tendrá la capacidad de reflexión y autocrítica para detenerse a tiempo? ¿Se puede esperar, todavía, por el advenimiento de una nueva izquierda en el Ecuador?