A cuatro días de Nochebuena, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó cómo queda el programa que suscribió con Ecuador en febrero de este año.

Tras el fallido intento de quitar los subsidios a los combustibles y una reforma tributaria archivada, el Gobierno pidió un ‘waiver’ (un perdón), que también implica reducir las metas que el país se comprometió a cumplir cuando suscribió el programa de Facilidad Extendida con el Fondo, para conseguir $ 4.200 millones en los tres próximos años más $ 6.000 de otros organismos.

El programa que suscribió Ecuador con el Fondo en febrero de este año tenía como fin último alcanzar un ajuste global, entre menos gastos y más ingresos, equivalente al 5 % del PIB (unos $ 5.400 millones) hasta 2021. Ahora, el FMI bajó la meta a un ajuste global del 3,9 % del PIB, como lo había anticipado EXPRESO el pasado lunes 16 de diciembre.

Tras la segunda y tercera revisión de cumplimiento de objetivos, el FMI aseguró que el Gobierno cumplió todas sus metas excepto una: la acumulación de reservas internacionales del Banco Central del Ecuador (BCE) en septiembre.

Esa meta también se redujo. En principio, se pedía que el BCE acumule un monto cercano a los $10.000 millones a 2021 y ahora esa cantidad se redujo a $ 6.500 millones.

Dentro del renovado programa, el FMI también desistió de que el país tenga que conseguir más de $ 2.000 millones en la concesión de empresas públicas. La meta quedó reducida a $ 700 millones, bajo la expectativa de concesionar la hidroeléctrica Sopladora.

Además de Sopladora, en la proforma 2020 se tenía previsto concesionar activos como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la hidroeléctrica Minas-San Francisco y la terminal de producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Monteverde. También se contemplaba la venta del Banco del Pacífico.

El ambicioso objetivo, que el Gobierno persigue desde 2016, fue cuestionado por la Asamblea cuando discutió la proforma para el próximo año.

El organismo aseguró que el nuevo acuerdo ahora busca resultados que sean más reales. El viceministro de Economía y Finanzas, Esteban Ferro, aseguró que el proceso de Sopladora está avanzado y prevén concretar la concesión en el primer semestre del año.

El organismo menciona que los esfuerzos del Gobierno para implementar importantes reformas económicas han enfrentado una resistencia considerable. Las protestas y la incertidumbre política han contribuido a la desaceleración del crecimiento en 2019.

Según el FMI, las protestas tuvieron un impacto negativo adicional estimado en el crecimiento de 0,4 puntos porcentuales del PIB en 2019, ya que los campos petroleros y las operaciones agrícolas fueron saboteados, mientras que las tiendas en muchos lugares cerraron temporalmente.

Eso también motivó al organismo a reducir la meta de crecimiento económico para 2020. En principio se calculaba un crecimiento de 0,5 % el próximo año y ahora el Fondo estima que será 0,2 %, debido a la incertidumbre a nivel local e internacional causadas por las protestas sociales.

También hay más crédito. El Banco Mundial ha ofrecido financiamiento presupuestario adicional el próximo año de $ 250 millones, que se incluye en el escenario del programa revisado, e indicó la posibilidad de financiamiento adicional.

También hay aumento en el gasto social con el fin de precautelar a los más vulnerables. El nuevo acuerdo prevé un incremento de 0,6 %del PIBen ese rubro, lo cual representa, aproximadamente, $ 600 millones, que se destinarán a diferentes proyectos que el Gobierno lleva adelante.

• BANCO CENTRAL: En el nuevo acuerdo se estima que el Gobierno presente las reformas para conseguir la autonomía del Banco Central del Ecuador (BCE), que fueron archivadas por la Asamblea, a finales de abril del próximo año.

• FINANZAS: Los cambios al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), que busca poner límites al gasto público, entre otros cambios en materia fiscal, se enviarán a la Asamblea a finales de febrero, según el nuevo acuerdo.
• BANCA:  También se busca reformas para mejorar los sistemas de control a la banca y cooperativas del país, según el organismo. Estos se plantearán luego de que se aprueben los cambios al BCEy al Coplafip.