La primera víctima de octubre fue la verdad. No se trata de un daño colateral: la verdad fue un objetivo militar en toda regla. En un solo día de protestas, el 12 de octubre, circularon en las redes sociales 3.600 noticias falsas, según datos del Ministerio de Gobierno. Se hablaba de asesinatos cometidos por la Policía; de francotiradores disparando contra la multitud desde las terrazas; de incursiones militarse en predios universitarios… Hasta los legisladores correístas tuiteaban “masacre en Quito” en el momento más violento. La verdad es que nueve personas fallecieron por hechos relacionados con el paro nacional pero, de ninguna de ellas se ha podido demostrar que fuera víctima de la aplicación directa de la fuerza policial. La mayoría son accidentes probados.

La verdad fue derrotada. Octubre marcó la política, dividió la sociedad y desestabilizó la economía, dejó heridas que tardarán en sanarse, y nadie se hace cargo de los hechos. La misma Asamblea Nacional, que los investigó y tuvo todos los elementos de juicio en sus manos, prefirió dejarlos librados al juego de las versiones. No pudo con la verdad. Conviene, pues, recordar algunos hechos incontrovertibles.

1. UN INTENTO DE GOLPE

Lo de octubre fue una tentativa de golpe de Estado. Los correístas insisten en que su posición frente a las protestas se atuvo estrictamente al orden constitucional: ante un “estado de conmoción interna”-decía el expresidente prófugo desde donde estuviera y repetían aquí sus seguidores- corresponde adelantar las elecciones. Suena coherente. Suena limpio. Pero esta versión de los hechos omite un detalle fundamental: ese “estado de conmoción interna” lo propiciaron (o contribuyeron decisivamente a propiciarlo) ellos.

El sábado 12 de octubre, cuando la Contraloría ardía en llamas y hordas de lumpemproletarios patrullaban la ciudad saqueando negocios y aterrorizando a la población civil, el dirigente correísta Virgilio Hernández escribió un tuit que habla por sí solo: “#GeneralizarLaLucha”, etiquetó, “para evitar que la represión se concentre en El Arbolito”. Lo que pedía era multiplicar los frentes, conformar juntas populares, comités barriales y salir a la calle. En suma: incentivar el “estado de conmoción interna”, algo para lo cual los correístas venían preparándose desde hacía tiempo.

Un año, por lo menos. Es precisamente de octubre de 2018 el famoso video en que se ve a Ricardo Patiño arengando a sus bases en Latacunga: “Es necesario pasar a la ofensiva -les dice-, cambiamos las estrategias de resistencia pasiva a la resistencia activa”. Se escuchan aplausos y gritos de entusiasmo. Él continúa: “Esto significa hacer actividades que van a ser reprimidas, estamos claros, vamos a prepararnos para esa represión, no vamos a dar papaya. Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos”. Dicho lo cual huyó del país con rumbo a México.

A eso se refería el dirigente indígena Salvador Quishpe cuando, de vuelta a octubre de 2019 y a ese mismo día sábado 12, declaró en una entrevista radiofónica: “A esta altura del tiempo me temo que la movilización no está bajo el control del movimiento indígena, está bajo el control del correísmo”. Sin embargo, había sido el propio presidente de la Conaie, Jaime Vargas, quien dos días atrás llamó a la fuerza pública y al alto mando militar a desconocer la autoridad del presidente de la República. Ese “patojo de mierda”, dijo.

2. VIOLENCIA PLANIFICADA

“Hacer actividades que van a ser reprimidas”. “Prepararnos para esa represión”. Las palabras de Ricardo Patiño se cumplieron al pie de la letra. Las imágenes de la fabricación de escudos artesanales a partir de barriles metálicos, el uso de bazucas de producción casera con tubos de PVC para disparar petardos, las bombas molotov con adherentes químicos con el fin de causar el mayor daño posible… Nada de esto se compadece con la idea de una explosión espontánea de violencia.

En su informe a la Asamblea, el Ministerio de Defensa añadió otros detalles, relacionados con la aplicación de estrategias militares en la lucha callejera. Describió tres líneas de combate: al frente, las defensas; tras ellos, los tiradores; más atrás, la dirección táctica. Todo lo cual significa una sola cosa: la violencia fue planificada, ensayada y financiada. Tampoco salió gratis la movilización del lumpen: la Fiscalía tendrá que demostrar si los 6.500 dólares en billetes chicos encontrados en uno de los domicilios que allanó en busca de Virgilio Hernández tienen que ver con el pago de 40 dólares por persona que, según testigos, se ofrecían para sembrar la violencia en las calles.

No había ocurrido esto en el Ecuador desde el retorno a la democracia. Las anteriores marchas indígenas que llegaron hasta la capital pudieron tener ciertos brotes de violencia pero, por primera vez, los marchantes se detuvieron en el camino para saquear empresas florícolas y lecheras. El secuestro temporal de policías y militares puede ser una práctica común de la protesta indígena pero, por primera vez, hubo una orden escrita firmada por el propio presidente de la Conaie, con lo cual el fenómeno se volvió masivo y extremadamente violento: 208 miembros de la fuerza pública fueron secuestrados, sufrieron tratos crueles y degradantes, tortura física y psicológica y, en el caso de las mujeres, abuso sexual. La afectación a los bienes públicos suele ser un saldo inevitable de las protestas, pero nunca antes se llegó al extremo de convertir en objetivos de guerra a las ambulancias en servicio: 57 fueron destruidas o dañadas.

También el ataque a instalaciones petroleras tiene muchos antecedentes en la región amazónica, donde las reivindicaciones de los movimientos sociales incluyen el cese de la explotación de crudo. Pero nunca antes ese ataque había sido masivo, simultáneo, coordinado y técnicamente ejecutado con el fin de detener la producción. Se calcula que unas 6 mil personas intervinieron en este sabotaje planificado: sometieron a los guardias, interrumpieron las fuentes de energía eléctrica, se sustrajeron los cables de los transformadores, cerraron las válvulas clave… Jaime Vargas se jactó de haber ordenado el operativo.

Y junto a la infraestructura petrolera, otros objetivos estratégicos estuvieron bajo ataque: Ambato y varios cantones de la Sierra central fueron privados del agua potable por el sabotaje de la planta de Chiquiurco. La misma zona perdió las telecomunicaciones por el ataque de las antenas repetidoras. En Guayaquil y otras ciudades, varios centros de salud quedaron fuera de servicio. En Quito, las instalaciones de Teleamazonas fueron incendiadas; las de diario El Comercio, invadidas. La Contraloría ardió en llamas.

3. LA ECONOMÍA AL GARETE

Que el sabotaje a la industria petrolera no produjo pérdidas al país fue a decir Jaime Vargas ante la comisión investigadora de la Asamblea. Su teoría es que el petróleo no se ha ido a ningún lado: “Guardadito pasó once días”, dijo. Difícil saber si el suyo es un caso de ignorancia crasa o de humor agrio. De cualquier manera, los legisladores correístas que asistieron a su comparecencia (Paola Cabezas, Juan Cristóbal Lloret, Nancy Guamba...) rieron con ganas ante la ocurrencia. La desvergüenza les fascina.

La verdad es muy distinta. Un millón y medio de barriles de petróleo dejó de producir la estatal Petroamazonas entre el 6 y el 13 de octubre. A eso hay que añadir 373 mil barriles correspondientes a las empresas privadas. La producción del país, que el día lunes 6 fue de 542.079 barriles, cayó a 185.032 barriles el domingo 13 (una reducción del 66 por ciento). ¿Cuánto dinero se perdió? 102,8 millones de dólares. Y 3,4 millones más en la comercialización de combustibles. Y ahí no para la cosa. La reparación de 101 pozos petroleros afectados costará 47,3 millones de dólares. Vayan sumando Jaime Vargas y los que se ríen de sus chistes.

El turismo es otro sector damnificado. El Ministerio respectivo determinó que el número de llegadas de visitantes del exterior cayó en 31,9 por ciento, lo cual produjo pérdidas por 20,7 millones. Para el sector hotelero, sin embargo, eso es lo de menos. En los últimos años, la ocupación de plazas de hospedaje durante los días del feriado correspondiente al 9 y al 12 de octubre movió entre 35 y 44 millones, según fuera un año malo o uno bueno. En 2019 esas cifras cayeron a 9 millones. Es decir, la hotelería perdió alrededor de 30. Y seguirá perdiendo: la alerta se mantiene para el turismo internacional y tardará en recuperarse. Súmense, en consecuencia (mejor dicho: réstense) otros 29,5 millones.

Y luego, claro, está todo lo demás. Lo que se dejó de producir en todos los sectores de la economía. Lo que se dejó de consumir y, consecuencia de todo esto, la caída en la recaudación tributaria. Si en septiembre la recaudación de impuestos alcanzó los 1.275 millones, en noviembre se llegó apenas a 999 millones.

La suma final de daños es un terremoto. El Gobierno, que como consecuencia de las protestas se vio obligado a renunciar a los 1.500 millones de dólares que esperaba ahorrar por la derogación del subsidio a los combustibles, ahora tiene que lidiar con pérdidas que superan los 1.600 millones. Es decir: 3.100 millones menos en sus expectativas. Resultado: la economía decrecerá en 0,5 por ciento este año y no podrá superar el 0,2 por ciento de crecimiento en 2020. Extraordinaria noticia para los golpistas, quienes encontrarán en este desastre, como decía Ricardo Patiño ante sus bases en Latacunga, “las condiciones subjetivas de la sociedad” (sic) para seguir haciendo lo suyo. La gente está tan descontenta porque la economía anda tan mal, decía Patiño, que “ahora estamos en mejores condiciones”. Tal cual. Pues bien: ahora la economía está peor. Felices ellos.