Priorizar la inversión pública hacia lo estrictamente necesario durante su gobierno, fue uno de los ejes que anunció el presidente Lenín Moreno para combatir la crisis heredada de su antecesor, Rafael Correa.

Y esos ajustes se han visto traducidos en sus cuatro años de gestión en una escasa obra pública, con un enfoque dirigido más bien a sanear y concluir infraestructura que dejó pendiente el anterior régimen.

El Gobierno saliente redujo el gasto público convencido de que ya no había necesidad de destinar importantes recursos fiscales a megaobras físicas. A más de la crisis económica, la caída de los precios del petróleo y la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por COVID-19 agravaron la situación.

Así, la inversión estatal se vino en picada. De $ 4.706 millones en 2017, los recursos para ese objetivo cayeron en casi un 40 % en 2020, y se redujo a a $ 2.855 millones (ver gráfico).

Los sectores agropecuario, comunicaciones, defensa nacional, desarrollo urbano y vivienda, recursos naturales y tesoro nacional (contempla proyectos de infraestructura) fueron los más golpeados por esa reducción. Desde el año pasado, el régimen financia mayormente el Plan Anual de Inversiones (PAI) con los préstamos otorgados por los organismos multilaterales.

Ante la falta de recursos, Moreno se decantó por impulsar un esquema de alianzas público-privadas para trasladar las actividades estratégicas más importantes del Estado. En lo social, impulsó su propuesta de campaña para invertir en programas de ayuda para los más pobres del país, en los que se incluye la construcción de casas.

Obras de infraestructura inconclusas retomadas por el régimen fueron las centrales hidroeléctricas Minas San Francisco y Delsitanisagua, inauguradas en enero y marzo de 2019, una vez que se superaron las dificultades contractuales y técnicas. El pasado 8 de abril, se cumplió con la recepción definitiva de Sopladora.

Pero también hubo propuestas de megaobras e inversiones que se frustraron o que no vieron la luz y quedaron solo en promesas. El denominado Tren playero es uno de ellos. En octubre de 2018, Moreno anunció el proyecto. Meses después se presentó el concurso público internacional para la concesión del corredor ferroviario Daule-Posorja, que demandaría una inversión de $ 370,5 millones durante su construcción y $ 156,4 millones en su etapa de operación. Y hasta allí llegó.

La construcción del Viaducto Sur para Guayaquil, concebido para enlazar el sur de la urbe con la vía Puerto Inca-Naranjal, que fue anunciada como la megaobra del Gobierno, a un costo de $ 1.040 millones, tampoco se ha podido concretar. La iniciativa quedó en una propuesta presentada por un consorcio privado que requiere un aporte estatal de $ 350 millones.

Asimismo, no ha despegado la construcción del Metroférico de Quito, un proyecto de transporte público aéreo por cable que conectaría la capital con el aeropuerto de Tababela, con una inversión privada de $ 739 millones para un primer tramo.

Se suma a la lista de esas obras en papel, la superautopista Guayaquil-Quito. En julio de 2019, durante una visita al Primer Puerto, Moreno dijo que no se iría tranquilo y que no entendía cómo no existe una carretera de primer orden entre las dos ciudades. Sugirió que había que hacerla “de varias vías y varios servicios”.

Lo que hizo el Gobierno fue un proyecto a través del modelo de concesión o delegación al sector privado, que demanda una inversión de $ 1.400 millones. Con esto se busca ampliar a cuatro carriles la carretera Guayaquil-Quito.

El régimen planificó para el período 2017-2021 la concesión o delegación de 21 corredores viales (2.162 kilómetros de la red estatal), bajo la figura de asociación público-privada, de la que se esperaba percibir una inversión superior a los $ 2.000 millones. Pero las delegaciones viales no han avanzado de manera significativa. Hasta ahora solo se han concretado tres: Santo Domingo-Buena Fe (113 km), Chongón-Santa Elena (162 km) y Naranjal-Tenguel (40 km), según los reportes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

En la construcción de viviendas de interés social, de igual manera no se han cumplido los ofrecimientos de Moreno, quien durante la campaña electoral prometió 325.000 unidades en los cuatro años, dentro del plan Casa para Todos. En 2019, dijo que, debido a la crisis, se edificarían 220.000 en ese período, con una proyección de invertir $ 1.674 millones para financiar el programa.

En el presente año, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) informó que al final de la gestión se entregarían 142.000 viviendas, con una inversión aproximada de $ 2.693 millones.

En febrero pasado, el mandatario declaró en el espacio ‘De frente con el presidente’ que su administración ha construido más casas para beneficio social que otros gobiernos.

La obra estatal ha sido muy restringida en la era morenista debido a las carencias fiscales, señala a EXPRESO Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal.

“En términos del PIB (Producto Interno Bruto), la inversión pública de este Gobierno bajó del 11 % al 7 % en 2020, y en el presupuesto estatal el gasto de obra pública ha sido casi inexistente. Es en donde más ajustes ha habido por las limitaciones a causa del déficit”, observa Carrera.

Un similar criterio tiene Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Afirma que desde los últimos años del régimen de Correa el país se quedó sin la posibilidad de un buen manejo fiscal.

“Yeso se consolidó con el actual Gobierno. Lamentablemente el señor Moreno utilizó la estrategia del ajuste fiscal que, con seguridad sí era necesario hacerlo, pero toda la carga de ese ajuste lo hizo en la inversión pública”, subraya.