El 8 de junio de 2022, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) expidió el reglamento para la transportación de personas en motocicletas, mediante el cual dispuso que en una moto solo puede ir una persona; exceptuando cuando esa persona lleve como pasajero a una mujer, a su hijo, a un niño menor de 12, o si las dos personas son mujeres o de la tercera edad.

Cuando este reglamento entró en vigor, los municipios que han asumido la competencia del tránsito en sus ciudades pusieron el grito al cielo y dijeron que ellos no podían hacerse responsables sin la ayuda de la Policía. Entonces la Policía decidió participar en los operativos de control, sin embargo, con el tiempo esos operativos disminuyeron hasta llegar a ser casi nulos.

Las autoridades de tránsito están en la obligación de hacer cumplir el reglamento a los conductores. No pueden justificar su incumplimiento aduciendo que no pueden hacer los operativos si la Policía no está con ellos; eso tan solo es una declaración de cobardía que ofende a la ciudadanía. El mensaje que transmiten sin decirlo es claro: ‘Tengo tanto miedo cuando veo a dos hombres en una moto que no me atrevo a multar al conductor o impedir que se transporten. Y, si esos mismos hombres roban o asaltan porque no tuve la valentía de hacer algo, no es mi problema’. ¡Pusilánimes!

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Las autoridades de tránsito podrían hacer muchísimo para combatir la delincuencia, sin embargo, se niegan a hacerlo porque seguramente sus directivos están preocupados de otros asuntos que, seguramente, son más rentables, como por ejemplo, las multas por pasarse del tiempo en el parquímetro o los famosos radares.

Según estadísticas del Ministerio de Gobierno, el 30 % de los crímenes cometidos en Quito son realizados por dos personas en una moto. En Guayaquil, esa cifra sube al 60 % y en Esmeraldas llega a la escalofriante realidad del 77 %. ¿Hasta cuándo?

Otro de los incumplimientos de las autoridades de tránsito, tanto municipales como nacionales, está en el casi inexistente control de los vehículos sin placas y con vidrios oscuros.

La sanción por circular sin placas está establecida en el Código Integral Penal y, actualmente, es el 30 % de un salario básico o 135 dólares, con excepción de Guayaquil, en donde la sanción es un salario completo o 450 dólares. Sin embargo, los vehículos sin placas están por todos lados. Eso solo puede darse porque no hay autoridad que sancione a los conductores o propietarios de esos vehículos.

Los vidrios polarizados u oscuros también están prohibidos según la Ley de Tránsito y, únicamente, pueden ser colocados por quien obtenga un permiso especial de la ANT por motivos de extremo riesgo o de salud, con el debido certificado médico; esto último ya resulta obsoleto porque ahora hay películas antisolares transparentes.

En definitiva, dos en moto, automóviles sin placas y vidrios oscuros, son elementos que facilitan el crimen y que las autoridades municipales podrían quitárselos a la delincuencia si los alcaldes y alcaldesas tuvieran la valentía para hacerlo, por lo que solo puedo concluir que no quieren contribuir en la lucha contra la delincuencia, que la vida de los ciudadanos les importa un bledo.

Parece que no están conscientes de que en cada crimen que se cometa con la ayuda de estos elementos, tienen un grado de corresponsabilidad. Las víctimas de la delincuencia deben saberlo y es nuestra obligación decírselo.