Aún no he decidido mi voto en la consulta popular que nos pregunta a los ecuatorianos si queremos, o no, que el petróleo que se encuentra en una parte del parque Yasuní se quede bajo tierra.

Estoy tentado a votar ‘sí’, pero no por razones ecológicas. Aun cuando estoy consciente de que son razones muy importantes, el área de explotación del bloque 43 o ITT, llamado así por Ishpingo, Tambococha y Tiputini, es mínima. Apenas cubre el 0,1 % de las 100 mil hectáreas protegidas que conforman el parque Yasuní. Además, este bloque ya está siendo explotado con excelentes resultados económicos y sin afectación al ecosistema.

La razón por la que votaría ‘sí’ se basa en principios y resultados. ¿Qué nos ha generado el petróleo desde que empezamos a explotarlo como Estado en los años setenta? Según cifras del Banco Central, entre los años 1972 y 2020, Ecuador ha tenido ingresos por ¡230 mil millones de dólares! Sin contar lo que se han robado. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? Si ese dinero se hubiera invertido eficientemente y con honestidad, hoy no debería haber pobres en nuestro país y seríamos un país del primer mundo.

El petróleo ha beneficiado a una minoritaria casta privilegiada de ecuatorianos que ha vivido y se ha enriquecido gracias al ‘oro negro’, mientras la gran mayoría continúa en la pobreza. Y como si fuera poco, las provincias de donde sale el petróleo son las más pobres del país. En ellas tenemos los índices más altos de pobreza extrema, de insalubridad, de analfabetismo y ahora de inseguridad.

Por el petróleo tenemos una burocracia de oro dentro del sector público, con sueldos gigantescos frente a los bajísimos sueldos de maestros, médicos y policías.

Por el petróleo tenemos un sistema político corrupto que busca el poder para enriquecerse. Desde las dictaduras militares hasta las civiles disfrazadas de democracia.

En resumen, el petróleo, en 50 años, ha frenado el desarrollo de otras áreas de la producción, como la agricultura, pesca, turismo y tecnología. Aparte de la corrupción, ha sido causa de centralismo, ineficiencia, injusticias, de privilegios y de mayor pobreza.

Algunos dirán: tiene razón, pero en estos momentos de pospandemia y de lucha contra el narcotráfico necesitamos esos 600 millones de dólares al año que generan esos pozos. Solo puedo decir que siempre, quienes se oponen al desarrollo del sector privado y a la reducción del tamaño del Estado, encontrarán un motivo para no tomar la decisión de dejar de depender del petróleo.

Sin embargo, hay algo que me hace dudar para votar ‘sí’. Es escuchar la alternativa que proponen quienes apoyan la consulta para reemplazar esos recursos: más impuestos. No se les ocurre en ninguna circunstancia recortar el tamaño de ese Estado obeso. Solo se les ocurre quitarle más plata al que produce y, por lo tanto, al ciudadano más pobre.

No encuentro ningún político con la valentía suficiente para decirle al país que no podemos seguir manteniendo un Estado con sobrepeso y con burócratas de oro; que hay ministerios, instituciones y programas que ni siquiera deberían existir; que el dinero del petróleo se desperdició y que los recursos del Estado deben servir principalmente para salud, educación y seguridad. Que todo el resto puede ser manejado por el sector privado o por los gobiernos seccionales.

Por eso quisiera votar ‘sí’, porque la única forma de lograr que un gobierno se amarre los pantalones y recorte el gasto excesivo es quitándole esos ingresos, pero repito, tengo dudas de las alternativas. Cuando decida mi voto se los haré saber.