Reino Unido rechazará a quienes no hablen inglés
La nueva política de inmigración desata las protestas de los empresarios y la oposición laborista
El rechazo al inmigrante siempre estuvo detrás del Brexit y el Gobierno de Boris Johnson no ha tardado en confirmarlo. La ministra del Interior, Priti Patel, presentó la nueva norma que regulará el acceso al mercado laboral del Reino Unido a partir de enero de 2021, y su departamento ya ha publicado las líneas básicas.
Downing Street no abandona la retórica antieuropea de los últimos años, y anuncia la recuperación del “control pleno” de las fronteras del Reino Unido y el fin de la “distorsión” que, según la versión oficial, provocaba el libre movimiento de personas en la Unión Europea.
El documento que establece las líneas de la nueva política migratoria ocupa 10 páginas, y supone toda una revolución. Cierra por completo las fronteras del Reino Unido a los trabajadores no cualificados. Exige el conocimiento del inglés como requisito casi fundamental para poder acceder al mercado laboral británico. E impone un contrato previo, cuyo salario deberá ser de al menos 31.000 euros anuales, para trabajar en su territorio. El límite se reduce a unos 25.000 euros si se trata de sectores especialmente necesitados, como la enfermería.
Es un sistema con un umbral salarial que necesitará muchas excepciones.
La publicación de la nueva política migratoria ha causado indignación y protestas en la oposición laborista y en los sectores empresariales que dependen de la mano de obra extranjera. La economía británica se ha nutrido hasta ahora de personal de la Unión Europea para puestos como camareros y camareras, trabajadores del sector agrícola y trabajadores de la industria pesquera.
“Los empleos que el Gobierno considera de ‘baja cualificación’ son vitales para el crecimiento y la estabilidad de las empresas”, ha dicho Tom Hadley, director de la empresa de contratación Recruitment and Employment Confederation (Confederación de Reclutamiento y Empleo).
La patronal más importante del Reino Unido, CBI (Confederación de la Industria Británica), se ha mostrado más prudente en sus críticas a las medidas anunciadas por el Gobierno, pero ha advertido de los problemas que pueden ocasionar en determinados sectores. Su presidenta, Carolyn Fairbairn, se ha felicitado por la ampliación del límite legal al número de trabajadores de altas habilidades que podrán entrar al país, pero ha alertado de “las dificultades que tendrán algunas empresas para contratar al personal que necesitan para seguir activas”.
Downing Street quiere presentar sus propuestas como un modo de forzar a las empresas a invertir más en la formación de su personal y en su desarrollo tecnológico.
El Gobierno de Johnson contempla la excepción de los trabajadores temporales para temporadas concretas en la recolección agrícola, pero se queda corto en las cifras. Establece una cuota de 10.000 temporeros, muy por debajo de los 70.000 que ha reclamado para la temporada de 2021 el Sindicato Nacional de Agricultores.
