
Pedro Castillo acude sin abogado al juicio oral tras afirmar que no iba a participar
El expresidente peruano comenzó a ser juzgado este martes 4 de marzo de 2025
El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra, dio inicio este martes 4 de marzo de 2025 a la apertura del juicio oral contra el expresidente peruano Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado en el 2022, a pesar de que este afirmó minutos antes que el proceso es una "farsa" y se presentó sin abogado.
Castillo llegó a la sala judicial acondicionada especialmente en el penal de Barbadillo en el que está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció el fallido intento de golpe, justo después de haber anunciado en una carta que rehusaba a asistir al juicio por considerarlo una "farsa".
El exmandatario dio sus datos personales a la sala, dijo que no tenía abogado y pidió a la directora de audiencia, Norma Carbajal, dar a conocer públicamente su misiva publicada en la red social X.
"Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este 'juicio' por esta Sala Penal Especial", agregó Castillo en la carta al indicar que está "secuestrado" en el penal de Barbadillo.

Comparto mi MANIFIESTO: Rechazo esta farsa de juicio oral. (1/2) pic.twitter.com/xWdwQnFt6Q
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 4, 2025
TODO ES UNA PANTOMIMA
Al hacer uso de la palabra, Castillo dijo a los magistrados que no tenía razón presentarse con un abogado porque no se puede someter a "un juicio que es una pantomima".
Añadió que no acepta la designación de un abogado de la defensa pública y que ha prescindido de los servicios de los cuatro abogados que había acreditado hasta el momento.
La jueza Carbajal explicó que al no concurrir el abogado, se nombraría un defensor público, según la normativa judicial vigente.
Durante la audiencia, los jueces pidieron que se identifiquen los seis coacusados y sus abogados, entre los que estuvieron el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, así como la también exprimera ministra Betsy Chávez, y el exministro del Interior Willy Huerta.
Asimismo, los tres exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, quienes también están señalados de ser coautores del delito de rebelión.
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