ONG denuncian “matanza de Estado” en Río de Janeiro tras operativo con 64 muertos
Organizaciones de derechos humanos critican la violencia policial en Río: “La seguridad no se logra con sangre”
Una treintena de organizaciones defensoras de los derechos humanos señalaron que la seguridad en Río de Janeiro "no se logra con sangre" tras el operativo policial contra el narcotráfico realizado este martes en dos complejos de favelas de la ciudad y que hasta el momento deja un saldo de 64 muertos.
Las 27 ONG que firman el comunicado, entre las cuales Amnistía Internacional (AI), Justicia Global, Conectas y el Observatorio de Favelas, afirman que la acción ocurrida este martes en esta ciudad brasileña, además de exponer "el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad", pone a la ciudad "en un estado de terror".
En la nota, las organizaciones acusan al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, de ser el responsable de cuatro de las cinco acciones más letales en la historia reciente de este estado brasileño.
"La mayor operación de la historia de Río"
Apuntan, además, que lo que el gobernador denominó como la mayor operación de la historia de Río "es, en realidad, una matanza producida por el Estado brasileño" que se inscribe en el "trágico histórico de matanzas cometidas por fuerzas policiales" en Río.
Datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública indican que al menos 700 personas murieron durante operativos policiales en 2024.
De acuerdo con las ONG, ese tipo de acciones en vez de reducir el poder de los delincuentes profundizan la inseguridad y utilizan el terror como expresión de poder estatal.
"La muerte no puede ser tratada como política pública", afirmaron.
Recuerdan masacres del pasado
Las organizaciones recordaron que el estado de Río de Janeiro fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las masacres de Acari (1990) y Nova Brasília (1994 y 1995), y que en la última década más de 5.400 jóvenes de hasta 29 años han muerto en intervenciones policiales.
"La seguridad pública debe garantizar derechos, no violarlos. Las moradoras y los moradores de las favelas tienen derecho a la vida, a la integridad física y a la paz - y eso no es negociable", concluye el comunicado.
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