Nuevo enfoque del ICE en EE. UU: detendrán a inmigrantes sin antecedentes

En un giro radical de su política migratoria, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha intensificado las detenciones de inmigrantes indocumentados, incluso aquellos sin antecedentes penales.

Desde la reactivación de la llamada “Operación Safeguard” en enero de 2025, bajo la actual administración republicana, las autoridades migratorias han dejado atrás el criterio de priorizar la detención de personas con historial criminal para pasar a una estrategia que apunta al simple hecho de estar en el país sin autorización.

Detenciones masivas y cifras récord

El cambio de enfoque se ha traducido en cifras sin precedentes. Según datos oficiales citados por The Guardian y CBS News, el número de personas detenidas diariamente por ICE ha superado las 3.000, triplicando los registros de principios de año. En total, más de 59.000 inmigrantes se encuentran actualmente bajo custodia, muy por encima del límite presupuestado de 41.500 camas.

Lo alarmante, según los registros internos obtenidos por medios como Axios y Infobae, es que una parte significativa —entre el 47 % y el 53 %— de los arrestados no posee antecedentes penales ni ha sido acusado de ningún delito.

El director interino de ICE, Todd Lyons, reconoció recientemente en una entrevista con CBS News que la agencia está deteniendo a cualquier persona que se encuentre en situación irregular, sin importar su historial. “Si encontramos a alguien que está en el país ilegalmente, lo tomaremos bajo custodia”, afirmó.

Si bien las autoridades aseguran que el foco sigue siendo la “seguridad pública”, las nuevas directrices, impulsadas por asesores como Stephen Miller, han ampliado el espectro de acción, incluyendo a trabajadores, estudiantes, padres de familia y personas con décadas de residencia en Estados Unidos.

Centros colapsados y denuncias de abusos

El impacto humano de esta estrategia ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos civiles. La organización Human Rights Watch denunció recientemente las condiciones “desgarradoras” en centros de detención como el de Krome, en Florida, que opera al triple de su capacidad. Migrantes allí detenidos relatan hacinamiento extremo, escasa atención médica y trato degradante.

En el centro de detención de los Everglades, apodado por activistas como “Alligator Alcatraz”, más del 35 % de los detenidos no tiene antecedentes penales. La mayoría son latinos y algunos incluso ciudadanos estadounidenses aprehendidos por perfil racial.

En paralelo, nuevas disposiciones legales, como la Ley Laken Riley, firmada en marzo, han eliminado la posibilidad de que muchos inmigrantes accedan a audiencias de fianza, permitiendo su detención indefinida sin cargos formales. Abogados de inmigración y organizaciones como la ACLU han advertido que esta política vulnera el debido proceso y podría ser inconstitucional.

Asimismo, se han registrado detenciones controversiales, como la de un exaspirante presidencial haitiano en Miami y la de un intérprete afgano con estatus legal.

Una maquinaria legal y presupuestaria sin precedentes

Este endurecimiento ocurre en el marco de un aumento drástico del presupuesto para ICE, que este año alcanza los 28.000 millones de dólares, con más de 45.000 millones destinados a expansión de centros de detención. Según The Washington Post, se han fijado metas operativas explícitas: 3.000 detenciones diarias y más de 130.000 deportaciones antes de diciembre.

Entre enero y julio de 2025, ICE ya ha deportado a más de 127.000 personas, incluyendo más de 8.000 enviadas a países distintos al suyo de origen, como El Salvador, Haití o Sudán del Sur.

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