Fiscalía española pide absolución de García Ortiz y descarta “actuación impropia”

La fiscalía española consideró que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado juzgado por presuntamente haber filtrado ilegalmente información confidencial, no había tenido "ninguna actuación impropia", en el último día de este juicio inédito en la historia reciente de España.

"El Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia contra [Alberto] González Amador", defendió este jueves, 13 de noviembre de 2025, ante el Tribunal Supremo la fiscal María Ángeles Sánchez Conde, que pidió la absolución de su superior jerárquico.

Álvaro García Ortiz está siendo juzgado desde el pasado 3 de noviembre, acusado de haber incumplido deliberadamente el secreto de instrucción al revelar a la prensa un documento confidencial sobre el empresario Alberto González Amador -quien pronto será juzgado por fraude fiscal- con el fin de dañar la imagen de su pareja, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de derecha de la región de Madrid.

Nombrado en 2022 a propuesta del gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado, quien podría enfrentar hasta seis años de prisión, niega ser el responsable de la filtración.

"Complot político"

En su alegato final este jueves, el abogado de Alberto González Amador denunció de su lado un complot orquestado por la izquierda en el poder a nivel nacional, a la que acusó de crear un relato que "destroza la presunción de inocencia" de su cliente en el caso de fraude fiscal por el que será próximamente juzgado.

El letrado solicitó, por ello, una pena de cuatro años de prisión y 300.000 euros en concepto de daños y perjuicios por el daño moral causado.

Este polémico caso se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar 350.000 euros a Hacienda durante la pandemia de covid-19.

En marzo del mismo año, varios medios de comunicación publicaron información sobre las conversaciones entre la Fiscalía de Madrid y el abogado de González Amador para llegar a un posible acuerdo para declararse culpable a cambio de evitar ir a prisión.

Algunos periodistas aseguraron que fue la fiscalía la que hizo la oferta, pero que fue retirada por "órdenes de arriba".

Esta versión, que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso reconoció ante el tribunal haber difundido, es en realidad errónea: fue el abogado del empresario quien solicitó un acuerdo y no al revés.

Tras seis intensas sesiones en el Supremo, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha declarado este jueves visto para sentencia un proceso inédito en la actual etapa democrática.

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