Escándalo en Colombia: abren investigaciones por nexos del Gobierno con disidentes
La vicepresidenta Francia Márquez rechazó esos señalamientos, que calificó de "malintencionados"
Varias autoridades colombianas anunciaron la apertura de múltiples investigaciones tras el escándalo desatado por una investigación periodística que reveló presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado con las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá.
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La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) informó que activó "todas las acciones necesarias" para garantizar "total claridad y transparencia" frente a supuestas comunicaciones que vinculan al director de Inteligencia, Wilmar Mejía, con jefes de las disidencias.
El servicio de inteligencia negó, sin embargo, que existan "órdenes" o "trazabilidad" que relacionen a Mejía con reuniones en Venezuela o contactos con grupos armados ilegales, como sugirió el informe publicado la noche del domingo por Noticias Caracol.
Desde que se conocieron las revelaciones, la DNI puso en marcha dos investigaciones paralelas: una interna, adelantada por la Dirección de Contrainteligencia, y otra independiente bajo la conducción de la Inspectora General, Isabel Molina, funcionaria nombrada directamente por el presidente colombiano, Gustavo Petro. "Toda información será verificada con rigor y sin margen de duda", aseguró Mejía en un comunicado, donde calificó de "imprecisos" los señalamientos que lo involucran.
En paralelo, la Procuraduría General (Ministerio Público) abrió otras dos investigaciones: una contra el general retirado Juan Miguel Huertas —hoy jefe del Comando de Personal del Ejército— y otra contra Mejía por sus presuntos vínculos con miembros de las disidencias.
El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, por su parte, anunció que realizará investigaciones "de rigor en articulación con las autoridades competentes" y reiteró la política de "cero tolerancia a la ilegalidad".
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, advirtió que la asociación con criminales es "una línea roja" que no se debe cruzar.
El trabajo periodístico que detonó el escándalo reveló archivos recuperados de computadores, teléfonos móviles y memorias incautadas el 23 de julio de 2024 a la disidencia del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por alias Calarcá, en los que aparecen supuestas comunicaciones sobre contactos con Huertas y Mejía.
En uno de los correos revelados, con fecha 8 de febrero de 2024, alias Calarcá le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con un general del Ejército retirado al que la investigación identifica como Huertas, para hacer negocios.
Según esos documentos, el general retirado habría propuesto a los insurgentes la creación de una empresa fachada para su movilidad y protección armada.
La respuesta del Gobierno de Colombia
El informe también reveló conversaciones entre la hoy vicepresidenta Francia Márquez y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, en las que se menciona un supuesto apoyo del grupo armado a la campaña presidencial de Petro en 2022.
Márquez rechazó "categóricamente" esos señalamientos, que calificó de "malintencionados", y aseguró que no existe "ninguna prueba fehaciente" de su veracidad.
Añadió que su campaña fue "genuina y transparente" y que jamás ha recibido apoyo de criminales: "Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia".
Hasta el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre las revelaciones, que estallan en un momento clave del proceso de diálogo con el EMBF, con el que el Gobierno acaba de cerrar su séptimo ciclo de negociaciones de paz.
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