Con la vida pendiente de un hilo, pero con su determinación intacta, dos jóvenes activistas acusadas de lesa majestad mantienen desde hace casi un mes una dura huelga de hambre con la que echan un intenso pulso a la justicia de Tailandia.

Orawan Phuphong, de 23 años, y Tantawan Tuatulanon, de 21 años, dejaron de ingerir alimento y líquido el 18 de enero, dos días después de regresar a prisión tras renunciar a su libertad bajo fianza, en protesta por el trato “desproporcionado” que la justicia aplica contra los acusados por cargos políticos.

Ambas, imputadas por el delito de lesa majestad -penado con hasta 15 años de cárcel- por realizar en 2022 una encuesta callejera sobre los cortes de tráfico causados por la comitiva real, demandan, entre otros puntos, que se reformen las draconianas condiciones que los tribunales imponen a los activistas bajo libertad provisional.

“Su salud está deteriorándose, permanecen estables, pero los doctores advierten de que de no poner fin pronto a su huelga de hambre podrían llegar a un punto de no retorno y sufrir consecuencias de por vida”, asegura la abogada Kunthika Nutcharus, quien representa a Tantawan y otros activistas.

Tantawan, quien el año pasado ya dejó de ingerir alimentos por 37 días mientras estaba bajo detención preventiva, también se enfrenta a otro cargo anterior de lesa majestad por un discurso que pronunció durante un directo en la red social Facebook.

Las jóvenes forman parte del movimiento estudiantil que desde 2020 reclama, en algunos casos con manifestaciones masivas, una profunda reforma democrática en Tailandia, que alcanza hasta a la todopoderosa monarquía.

Con el objetivo de extinguir la corriente reformista, la justicia lanzó una implacable ofensiva judicial por la cual casi 1.900 personas -incluidos 284 menores- han sido imputadas por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas, según las cifras de la oenegé Thai Lawyers for Human Rights.

Entre los mecanismos utilizados por los jueces para acallar a los manifestantes está la aplicación de condiciones más duras para conceder la libertad provisional, como la obligatoriedad de portar un dispositivo de control en el tobillo o la prohibición de abandonar sin permiso la vivienda -excepto en caso de enfermedad-.

Tampoco se les permite participar en actos similares a los que se le imputan, ni en actividades que puedan causar malestar público o causar un daño a la Corona.

Ambas se hartaron de vivir así y decidieron retirar su fianza para volver el 16 de enero a la cárcel, desde donde tras comenzar su extrema huelga de hambre fueron trasladadas al Hospital de la Universidad de Thammasat, en Bangkok.

Las dos jóvenes, que a principios de mes volvieron a rechazar la libertad provisional aprobada por un tribunal, también reclaman la liberación incondicional de todos los presos políticos -actualmente ocho en detención provisional- y la abolición de la ley de lesa majestad -que parapeta de toda crítica a la Casa Real de Tailandia.