Un cuento de nunca acabar. La minería ilegal en el cantón Zaruma, en la provincia de El Oro, ha dejado más de una herida en su casco urbano a lo largo de los años. La última y más evidente, el socavón registrado el 15 de diciembre de 2021, a las 19:14, que causó el colapso de varias edificaciones y obligó a evacuar a alrededor de 300 moradores del sector. Un año después de este hecho, la minería ilegal, según sus habitantes, sigue explotando las entrañas de oro del cantón. Lo más preocupante es que las autoridades que tienen la tarea de detener esa actividad ilícita y remediar lo que esta destruye a su paso, reconozcan que es una problemática muy complicada que no han podido resolver.

Según Mario Benavides Rojas, coordinador zonal 7 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, esto se debe a que mientras haya mineral susceptible de explotar, existirá la amenaza de esta problemática que, reconoce desde su experticia, se va agravando y transformando “en una bola de nieve que le tocó al Gobierno afrontar y hacer lo que otros tuvieron que hacer muchos años”.

Una amenaza que, para los habitantes de la calle Gonzalo Pizarro, en el cantón Zaruma, es un hecho que “aúlla todos los días a viva voz” en la zona urbana del cantón. “Hace tres semanas, las detonaciones no dejaban dormir a los vecinos de la Gonzalo Pizarro. ¿Y las autoridades? Haciéndose los sordos, porque no creo que no escuchen”, señala José Victoriano Ochoa, presidente del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos, en Zaruma.

El “aullido” del que habla José Victoriano ha llegado a oídos de la Coordinación Zonal de Riesgos, según Benavides, sin embargo, a decir de él, es una problemática que no se puede resolver en poco tiempo. “En la actualidad, la población en Zaruma dice que escucha detonaciones en el casco urbano. Bueno, no podemos superar en un año una actividad que lleva 500 años en el cantón. Es un tema muy difícil, por cuanto no son solo obreros y sableros de aquí, sino personas que llegan de otras partes y países”.

El socavón de diciembre de 2021, cuenta Elva Román, de 76 años, no solo desplomó casas patrimoniales. También, asegura, le quitó a su compañero de vida. “Era la hora de la cena y, de repente, un estruendo salía del suelo. Escuchaba los gritos de los vecinos, pero no lograba entender qué pasaba. Todo se estremecía. Corrimos hasta la puerta con mi esposo, y cuando íbamos a salir, la calle se desplomó y se abrió un agujero enorme. Mi casa quedó al pie del abismo”, recuenta Elva, con lágrimas en sus ojos al recordar aquel hecho que, según ella, “mató a mi esposo de la pena” casi un mes después de que fueron evacuados de su vivienda por lo peligroso de la zona. “Todos los días me decía que él solo quería regresar a su casa, pero no pudo porque de la depresión, cayó enfermó y se murió”, asegura Elva.

Lo que más “rabia” le da a Elva, es que “nada de lo que sufrieron” los habitantes de la calle 10 de Agosto, en diciembre de 2021, sirvió para que se evidencie lo importante que era y es “pararle la mano” a la minería ilegal en el cantón. “¿De qué sirvió que toda esa gente estuviera por más de seis meses fuera de sus casas pagando arriendo? ¿De qué sirvió que algunas casas colapsaran? ¿De qué valió la pena y el dolor que nos dejó el derrumbe? De nada, porque aún siguen explotando la tierra allá abajo. Aún mis vecinos escuchan que en los barrios aledaños siguen los sableros trabajando por sacar el oro, que los hace creer que son dueños de la tierra y pueden hacer y deshacer sin importar todo el daño que nos hacen”.

Muestra de que la minería ilegal no ha parado, ni durante los trabajos de remodelación que ejecuta, desde hace un año, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en el subsuelo del cantón, con la asistencia técnica del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernr), son las detenciones de sableros que, además de estar extrayendo el material minero de manera ilícita, portan armas de fuego.

“Esto es como el juego del gato y el ratón. Cerramos por aquí (una bocamina) y ellos abren por otro para entrar”, señala Juan Berru, coordinador general de Arcernr, y añade que, pese a los trabajos de monitoreo, control y fiscalización, el accionar de la minería ilegal “se nos sale de las manos” porque “la gente ve ahí un negocio y no quiere parar. Es necia”.

Este problemaa que carcome las entrañas de Zaruma es, para el alcalde, Jhansy López, una constante que se ha convertido, más allá de un acto ilegal, en un problema social que debe tener “un control real” que permita ver los avances contra esa actividad.

De no controlarse, diagnostica López, quien en unos meses terminará su administración, “pasará como en años anteriores que, después de un hundimiento se actuó, inmediatamente, durante tres meses. Pero luego se dejó y regresó el sector minero ilegal y pasó lo que ya vimos, un nuevo hundimiento”.