Cuatro de los seis integrantes de la Comisión de Pacificación para las cárceles presentaron ayer el informe de la gestión realizada durante los seis meses de trabajo; el documento tuvo cuatro votos a favor y dos en contra. Estos últimos pertenecieron a Claudia Garzón y Alejandra Delgado. Ambas se ausentaron en la presentación del documento, celebrada en la Gobernación del Guayas.

Delgado estaba con COVID-19 y Garzón organizó una rueda de prensa al interior de la Penitenciaría del Litoral, horas antes de la cita que coordinó la mayoría del organismo.

En la oficina del director de la prisión y en camino hacia este lugar, no se dejó tomar fotos o videos de la cárcel y tampoco se dejó ingresar celulares. Garzón hizo un resumen de su propio informe y del avance que han  que manifestaron ciertos líderes de las bandas que operan al interior de las cárceles del país.

“Se ha dado un paso de voluntades, el proceso que viene es largo, pero posible. Esto sigue siendo un diálogo y estamos avanzando”, expuso la comisionada en la oficina de la cárcel visitada en la mañana.

Horas después, los de la mayoría: Alfredo Narváez, Christian Nieto, Luis Barrios y Francisco Loor expresaron que la comisión no ha sido dividida, pero que sí existen “tensiones” entre sus integrantes con determinados temas.

“Aquí hay instituciones que quieren que le digan que son buenas. Al pan, pan y al vino, vino, si usted está mal se lo vamos a decir, esas han sido las tensiones porque hay una señora que dice no critiques al SNAI; vemos a un general con tremenda voluntad, pero con buenas intenciones no se llega al cielo. Ahí hay una seria corrupción que yo no sé cómo la van a desmantelar”, expuso Luis Barrios en su intervención.

Hasta el cierre de este informe, la comisión no había recibido una notificación de la extensión del plazo o renovación de funciones. Narváez puntualizó que ese anuncio le corresponde al presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, Christian Nieto, delegado de la Defensoría del Pueblo en la mesa de paz, enfatizó que la batuta ahora la llevará el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, que es presidido por la Secretaría de Derechos Humanos.

“A ellos les corresponde hacer el cambio estructural con la aplicación de la política pública. Y está en manos de cada ministerio cumplir sus funciones. Este es otro informe que va a nutrir más recomendaciones ya hechas”.