El informe de los seis meses de trabajo está listo, así lo aseguran los integrantes de la Comisión de Pacificación, entidad a la que se le cumple su periodo de vida según el Decreto Ejecutivo 295 dado el pasado 16 de diciembre    de 2021 y que exige la entrega de un informe final a la presidencia, una memoria histórica y también de una propuesta de política pública para “la erradicación de las muertes violentas y la crueldad” en las prisiones, y en el territorio nacional.

“Ya está listo, pero por ahora estamos esperando fecha, la confirmación para que se dé la reunión con presidencia”, dijo Claudia Garzón, integrante de la mesa, quien además señaló que decidió quedarse en Ecuador por la demanda de atención que exige el sistema carcelario, especialmente ahora que se dio “un paso de voluntades” para un “posible” acuerdo de paz entre las organizaciones delictivas que operan al interior de los centros de reclusión.

La comisión inició con nueve integrantes, tres de ellos renunciaron y ahora solo quedan seis en el proceso. Una de las personas que dimitió fue Nelsa Curbelo, quien no tuvo reparos en decir que era muy difícil lograr un acuerdo de paz por la desconfianza que existe entre los integrantes de las bandas y su deseo de dominar; pero adelantó que si existe una aparente paz es por la misma voluntad de los presos.

Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), explicó este último martes en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional que “al menos” en las comunicaciones dadas por los presos (revisar el cuadro) “tienen la voluntad de no tener agresiones y estar próximos a una pacificación”. Para avanzar en esa meta dijo que se están “generando conversaciones y diálogos para precisamente establecer una declaración que permita “que no existan más actos de violencia internamente dentro de los centros de rehabilitación”.

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), sostiene que ni aún firmando dicho acuerdo es una garantía de que no habrá más masacres en las prisiones del país, porque “esos grupos se fraccionan constantemente” y agrega que dicha situación hace que se dependa de la decisión de los reos.

Sin embargo, Garzón defiende la gestión realizada y señala que “a veces se puede ver un paso simplista pero no, es un avance al segundo paso como ir a la pacificación, además se logró que privados de libertad confíen en la comisión”.