En las últimas semanas las medicinas para tratar la COVID-19 o los sedantes y anestésicos que se usan en las terapias intensivas del país y hasta el oxígeno han vuelto a ser carne fresca para el mercado negro que ha aprovechado una supuesta escasez en hospitales y farmacias para doblar y hasta triplicar los precios, sin que las autoridades de control lo hayan podido frenar a tiempo o siquiera detectar sin la necesidad de que las denuncias inunden los medios de comunicación.

En redes sociales, familiares de pacientes alertan que personas inescrupulosas les piden entre 800 y 1.000 dólares por una ampolla de Actemra, que normalmente vale un poco más de 300 dólares y que han acudido a los revendedores porque no encuentran el producto ni en los hospitales ni en farmacias o distribuidores oficiales. 

Pero este escenario no es nuevo. Se vivió hace un año en Guayaquil cuando, al igual que ahora, los contagios por el virus se dispararon hasta colapsar los hospitales. Pese a eso, y a que la situación con otras medicinas ya se venía denunciando en EXPRESO desde finales de enero, las entidades de control no se han anticipado a los hechos.

“Las personas que hemos pasado por esto sabemos que en el hospital público se pide a diario medicación, tuve que comprar a 3 veces el precio por la urgencia”, señala Luis Jaramillo, un usuario que buscaba por redes comprar un medicamento.

El año pasado se descubrió que una de las decenas de revendedores de Actemra que aparecieron era Abraham Muñoz, entrenador personal de Daniel Salcedo, pieza clave en los casos de corrupción hospitalaria en Guayaquil. A Muñoz, cuyo caso aún está en etapa de juicio, se lo procesó por el delito de delincuencia organizada, pero solo tras detectar que estas medicinas habían salido de las bodegas del hospital Guasmo Sur de Guayaquil.

Un año después, y con esa “banda” en la cárcel, la incógnita sobre en qué momento se rompe la cadena de distribución y el producto llega a manos de informales no ha podido resolverse. Más aún cuando el gobernador Luis Chonillo asegura que “la mayoría de los hospitales” tiene las medicinas y que la única comercializadora en el país, la empresa Roche S.A., menciona que “actualmente, diversos hospitales de la red pública y hospitales del sector privado cuentan con inventario” de Actemra.

"Respecto al producto Actemra (tocilizumab) queremos resaltar que tanto la red pública integral de salud como el sector privado y farmacias de alta especialidad son atendidos permanentemente de acuerdo a la demanda y disponibilidad del producto en el país", afirma Roche en un comunicado.

Este Diario pidió información al IESS y a Salud sobre las medidas que han tomado frente a una posible escasez de medicinas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Chonillo dice que han detectado dos posibles escenarios: que usuarios han comprado con el objetivo de acaparar y revender y que se está expendiendo productos de contrabando, sin registro sanitario y que han perdido ya la cadena de frío. Sin embargo, seguir la pista por redes sociales se escapa hasta de las manos de Fiscalía.

“No tenemos oficialmente ninguna noticia del delito para poder investigar, es un tema de especulación por precios de medicamentos y se trataría de una contravención, por lo que quien estaría a cargo es la Intendencia de Policía. No sabemos muy bien quiénes son esas personas que comercializan estos medicamentos por cuánto están tras las redes sociales”, dice la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez.

EN DETALLE

Corrupción. Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Anticorrupción Guayas, asegura que la escasez de medicinas es un problema “crónico” que no se ha querido resolver. “Aquí hay corrupción pues los hospitales compran cosas que no son necesarias porque ahí está el lleve. Provocan emergencias para luego comprar a sus amigos sin seguir los procedimientos adecuados”, afirma el coordinador.

Competencia. Desde la Arcsa señalan que han estado “fortaleciendo la comunicación, abriendo canales de comunicación y coordinando con la Policía” para dar con los informales, pues “esta investigación va más allá de la competencia porque los que están vendiendo no son los distribuidores”, dijo Daniel Sánchez, coordinador técnico de la institución.