El proceso de selección de jueces en Ecuador entra a revisión tras los casos Metástasis y Purga, llevados por la Fiscalía General del Estado, que ensuciaron la Función Judicial. En el último cometido de la Fiscalía, ocho magistrados del Guayas son investigados, y el Consejo de la Judicatura trabaja en un proceso disciplinario y administrativo para poderlos destituir, trámite que se ha vuelto engorroso.

Es por eso que se vuelve vital, revisar los mecanismos utilizados para la selección de jueces en Ecuador, ya que puede comprometer seriamente a futuro la calidad de ejecución de la justicia, y beneficiar a malhechores que infringen la ley.

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Ximena Ron, Ph.D. en Derecho, habla con EXPRESO, y explica cuáles son los parámetros de la ética utilizados hoy para elegir a un juez o jueza en la Función Judicial. “Entre los requisitos para ser juez se establece el ejercicio con probidad notoria de la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas. Este requisito debe escrutarse o verificarse con mayor atención, en la medida en que, es el único que puede garantizar que la actuación judicial esté apegada a la ética. Si te has comportado de forma correcta y honorable en el ejercicio de la profesional, se entiende que harás lo mismo cuando seas juez, y al contrario”, alega la consultora en temas de derecho político.

Ron, abogada en Derecho Constitucional, explica cuál es el proceso que hoy lleva el Consejo de la Judicatura para la elección de magistrados, y en qué deberían poner mayor énfasis. “El Código de la Función Judicial establece que, en los concursos de méritos y oposición, en la fase de méritos se valorará la calidad profesional del aspirante en relación con la naturaleza del cargo al que postula y se considerará: Formación académica, experiencia laboral y profesional, capacitación recibida e impartida, y publicaciones. En la fase de oposición, las y los postulantes rendirán pruebas de conocimiento teóricas y prácticas y se verificará la idoneidad psicológica de los postulantes. De todo esto, me parece que debe haber un mayor escrutinio en el requisito de la probidad, ya que es un requisito difícil de analizar. Asimismo, considero que se debe tomar en cuenta en el Reglamento un mayor análisis de antecedentes de los postulantes. Revisar si han cometido delito o están involucrados en temas de violencia de género o familiar, o hayan sido acusados o sancionados por abuso del derecho. Los postulantes que tengan indicio de esto no deberían acceder al cargo”, concluye.

José Chalco Salgado, Ph.D. en Derecho y experto constitucionalista, expone a este Diario su reflexión acerca del concurso de jueces que tiene el país, y comparte el perfil que debería tener para asumir el cargo. “Un juez tiene que ser una persona que ha cumplido y respetado los principios del Estado Constitucional. Que comprende de la defensa a la institucionalidad y a los fines del país, por encima de los intereses particulares e individualizados, que saben no atender a la administración con ética y responsabilidad o con un compromiso cívico. El concurso para la selección de jueces de la Corte, hoy más que nunca, ha de mirar credenciales personales desde la ética, el historial laboral, las razones de su desvinculación, las causas penales, civiles, familiares, de tránsito o laborales que se hubieren iniciado en contra de un postulante. El criterio de gremios o asociaciones respecto a este e incluso su vida académica estudiantil. Estamos ante un momento no común, sino protagónico para reconducir y dar soluciones efectivas a la justicia, uno de los poderes más sensibles al interior del Estado Constitucional”, afirma Chalco.

El jurisconsulto también recomienda cambios en el Reglamento vigente aprobado por el Consejo de la Judicatura, el cual alega “está cargado de errores”, y señala como norte otros países de Europa. “El mismo Poder Judicial hoy observado debe entrar en cirugía. Para el Consejo de la Judicatura es más importante evaluar con mayor puntaje las sentencias o experiencia como juez; cuando lo correcto es tener un equilibrio necesario de esa experiencia con el ejercicio de la profesión o de la academia.

Estados como Reino Unido, Francia o España se cuidan mucho en la conformación de estas tres grandes áreas, pues no pueden existir exclusivamente jueces con experiencia. Lamentablemente el Poder Judicial requiere de seriedad, ética y refuerzos externos. El Reglamento comete varios errores como no resaltar la actividad investigativa, o formativa, tanto así, que un doctor Ph.D. no tiene ningún puntaje frente a un candidato con maestría. Es una vergüenza”, declara.

Gabriel Hidalgo, politólogo y abogado, también comparte su perspectiva de los parámetros de selección para el concurso de jueces a nivel nacional. El catedrático expone que el problema de la corrupción en el sistema judicial es de fondo social, más que de proceso selectivo. “Es bien complicado que una sociedad como la nuestra que tiene malos jueces y políticos, a través de los próximos concursos llegué a tener mejores servidores públicos. La respuesta es descorazonadora. Las mejores sociedades latinoamericanas, por ejemplo, la uruguaya, puedo observar tiene buenos jueces, y políticos, pero no depende de los procesos de selección, ni de la presencia de organismos internacionales, depende de la sociedad en la que se concibe, y cómo se mira frente al Estado. Aun con los mejores concursos y las mejores veedurías del mundo, sin una sociedad diferente seguiremos cayendo en lo mismo. Entonces no tenemos que compararnos en términos de concurso o de reglamentos, tenemos que compararnos en términos de sociedad”, alega.

Hidalgo trae a colación el reglamento del Consejo de la Judicatura, el cual señala    “no necesita ser cambiado, pero sí las personas que lo aplican”. “No necesita haber un cambio de reglamento, se necesita pensar en un concurso con personas honorables. Sabíamos que había una muñeca de la mafia ocupando altas funciones en la Judicatura del Guayas, aplazaba audiencias, condicionaba jueces, personas así no pueden tener altos cargos”, expone.

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