Un diario español afirma que el Gobierno de Daniel Noboa está creando en secreto, y mediante engaños a los presos de las cárceles, una base de perfiles genéticos, y que esto podría perjudicarlos en lo posterior. Sin embargo, la entidad a cargo de los centros de detención del país asegura que los realiza con el consentimiento de ellos y con fines forenses y humanitarios. 

Según la información del diario El País publicada este sábado 16 de marzo, que la atribuye a tres fuentes oficiales, a los funcionarios que llevan a cabo esta tarea les explican a los internos que estas muestras de ADN, que irán a parar a un banco estatal de información, les ayudarán a ser identificados en el caso de que se produzca una matanza (algo que ocurre habitualmente en las prisiones del país), o si alguien suplanta su identidad.

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La instrucción es convencerlos de que no consulten con su abogado y que crean que el procedimiento forma parte de la rutina carcelaria. Lo que les ocultan, según la publicación,  es que tienen derecho por ley a negarse a que les tomen las muestras y a saber que esa información puede servir para implicarlos en crímenes que cometieron en el pasado o que vayan a perpetrar. Realizar este procedimiento es obligatorio para los toxicólogos, antropólogos, químicos forenses y psicólogos forenses del país.

La nota reseña que los militares han entrado en las prisiones a tratar de recuperar el control. No lo han logrado del todo, pero se han hecho con el dominio de la mayoría. El Gobierno ha aprovechado esta circunstancia para  llevar a cabo el registro genético.

“Los forenses han recibido en las últimas semanas instructivos de cómo realizar un hisopado bucal. En la cárcel de Cotopaxi, cerca de Quito, de 4.346 internos, solo unos cuantos se han negado a someterse a la prueba. En Riobamba, un presidio en la sierra andina, toda la población carcelaria acabó registrada. No les deben leer los consentimientos a las PPL [Personas Privadas de Libertad], ellos ni los entienden”, indica la nota.

Esas son las instrucciones que han recibido los forenses, según tres fuentes distintas. El País reitera que la información que no les revelan a los internos es que esos registros pueden servir para involucrarlos en crímenes futuros o que ya hayan perpetrado. Por ejemplo, un preso condenado por homicidio que preste su material genético podría encontrarse con que esas muestras coinciden con las que se recogieron en un caso de violación. Una muestra del perfil genético solo la puede pedir una jueza o una fiscal.

En tanto, de manera coincidente, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó este sábado 16 de marzo en un comunicado que desde el 21 de febrero se realiza el censo penitenciario en 16 Centros de Privación de Libertad (CPL) del país y que dicho proceso servirá para actualizar la información de las PPL.

La primera fase del censo de la población penitenciaria servirá para verificar la identidad de las PPL, tomar fotografías de tatuajes o cicatrices, registrar huellas dactilares e iris de los ojos. Toda la información será procesada y recopilada en el Sistema Informático Penitenciario (SIP), según el SNAI.

Y agregó que desde el 21 de febrero, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el SNAI realiza la toma de perfiles genéticos mediante hisopado bucal a la población penitenciaria de los CPL con el apoyo de personal de las Fuerzas Armadas.

El proceso para recabar información genética ya se ha realizado en el CPL de Cotopaxi N.1 y CPL Chimborazo N.1 y el 11 de marzo inició la toma de perfiles genéticos en el CPL Guayas N.1. El SNAI aseguró que este proceso se realiza “toda vez y siempre que exista el consentimiento informado de las PPL, en cumplimiento de lo que dicta la normativa vigente para la creación de la Base de Datos de Perfiles Genéticos con fines forenses y humanitarios”.

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