Se trata de siete jueces y a un servidor administrativo del cantón Samborondón, provincia de Guayas, que son investigados en el caso Purga. El Consejo de la Judicatura aprobó la suspensión de sus funciones por tres meses, incluidas sus remuneraciones.

Esa decisión fue tomada durante la sesión del 15 de marzo de 2024, con los votos de los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y del presidente Álvaro Román.

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El Consejo de la Judicatura sancionó a los funcionarios por faltas gravísimas, con base en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Este indica que es una infracción disciplinaria el solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que, por sus características, pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial, en el servicio que le corresponde prestar.

Según la Judicatura, otra infracción en la que recayeron los servidores fue el usar en beneficio propio o de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tengan acceso en razón o con ocasión de la función que desempeña.

Los expedientes de los servidores serán remitidos a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, para iniciar los sumarios administrativos.

Los suspendidos son: María Fabiola Gallardo Ramia, jueza de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; seis jueces más (Nelson Masías Ponce Murillo, Ramos Alberto Lino Tumbaco, Henry Robert Taylor Terán, Guillermo Pedro Valarezo Coello, Reinaldo Efraín Cevallos Cercado, Johan Gustavo Marfetán Medina) y el secretario de la Unidad Judicial Multicompetente en Samborondón Saúl Alberto Mero Zambrano.

En el caso Purga, que se deriva de Metástasis, la Fiscalía persigue el delito de delincuencia organizada del que supuestamente formarían parte los investigados.

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