“¿Cómo irán a votar los que no escucharon?”, se pregunta el asambleísta de Pachakutik Édgar Quezada. Durante las siete horas de presentación de pruebas de cargo y de descargo en el juicio político contra los cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que el correísmo y el socialcristianismo no controlan, él ha constatado con sorpresa que el salón plenario se ha vaciado casi. Son las nueve de la noche del viernes 18 de noviembre, acusados y acusadores han concluido sus intervenciones y Quezada abre el debate con una observación que en cualquier órgano legislativo del mundo, con un mínimo de seriedad, merecería al menos el beneficio de la duda (y la comprobación correspondiente): no hay quorum. Que lo había señalado ya y no le hicieron caso, se queja; y que él mismo se dio el trabajo de contar a los presentes y eran apenas 54 (16 menos de los que se necesita para desarrollar una sesión). La sala había empezado a vaciarse en cuanto la consejera Ibeth Estupiñán tomó la palabra para ejercer su defensa. ¿Se quedaron sin quorum? A la correísta Marcela Holguín, presidenta encargada de la sesión, le vale tres atados: ya regresarán a la hora de votar. Pero, ¿cómo piensan votar -repite Édgar Quezada- si no escucharon?”. Especialmente si se considera que en este rarísimo juicio político no hubo informe que los asambleístas pudieran leer para enterarse, no hubo resumen ejecutivo de las acusaciones y las pruebas de descargo, no hubo documento alguno que se pusiera en consideración del Pleno, no hubo nada. ¿Cómo van a votar? La pregunta peca de ingenua: votarán como está mandado, los argumentos aquí no pintan nada.

Si de argumentos se tratara, los dos asambleístas interpelantes, Mireya Pazmiño y Ángel Maita (a la primera la acaban de expulsar de Pachakutik por comportarse como correísta; al segundo no se explica por qué no lo han expulsado todavía), habrían por lo menos aprovechado la inestimable oportunidad que el procedimiento les ponía por delante: la de replicar a sus contendientes. Durante casi seis horas los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo respondieron a las acusaciones presentadas en su contra sin rehuir ninguna, lanzaron una serie de denuncias de corrupción y cuestionaron con criterios nada desdeñables la validez jurídica del proceso. Concluida su presentación, es el momento para escuchar las réplicas de Pazmiño y Maita. Disponen, para el efecto, de una hora cada uno. La verdad, no fue una sorpresa que declinaran de hacerlo. Y no lo fue porque una y otro se caracterizan por su incapacidad de hilvanar dos ideas sin tenerlas por escrito, en cuyo caso se limitan a leerlas con dificultad extrema.

Replicar implica la capacidad de reaccionar ante los argumentos del otro e improvisar una respuesta. Es la esencia misma del parlamentarismo. Pero tanto, Mireya Pazmiño como Ángel Maita (lo mismo que una aplastante mayoría de legisladores alzabrazos de todos los partidos) carecen por completo de las facultades de lenguaje y pensamiento requeridas. Ambos habían llevado sus intervenciones escritas (redactadas probablemente por algún miembro de su equipo de asesores lo suficientemente alfabetizado para hacerlo) y las reservaron para leerlas durante el debate, donde no corrían el riesgo de exponerse a la contrarréplica de los interpelados. La cobardía intelectual es sello de esta legislatura.

En resumen: los acusados expusieron sus pruebas de descargo y dio lo mismo. Uno de los cargos en su contra, por ejemplo, fue haber amañado el nombramiento de superintendente de Organización Territorial. La prueba era un audio de las conversaciones entre la consejera Ibeth Estupiñán y una de las postulantes. “Mi voz no aparece en ese audio”, dijeron uno por uno los otros tres. Pero Maita ya había sentenciado: “es cierto que solo se escucha a una de las consejeras, pero ella delata a los otros al mencionar sus nombres”. ¿Debatible? Sí, siempre y cuando haya debate. Pero no lo hubo. En su lugar, asambleístas de todas las bancadas leyeron las intervenciones que traían escritas de su casa. Pudieron haberlas colgado en el sitio web de la Asamblea y ahorrarle al país nueve horas de sainete.

Todo quedó sin respuesta. La acusación de haber cambiado el reglamento del concurso para contralor luego de iniciado el proceso tropezó con una diferencia de criterios: ¿cuándo comienza el proceso? Cuando se nombra la veeduría ciudadana, dice Pazmiño. Cuando se convoca a la ciudadanía a presentar postulaciones, sostienen los consejeros. ¿Quién tiene la razón? No se debatió.

Las alegaciones de conflicto de intereses presentadas por los acusados contra ciertos asesores del CPCCS, que pasaron del despacho de la expresidenta de ese organismo, Sofía Almeida, al de su tío Luis Almeida, asambleísta socialcristiano y principal lobista de este juicio, ¿empañan el proceso? No se debatió.

Las acusaciones de corrupción contra la administración de Almeida, que según Hernán Ulloa pretendió gastar 75 mil dólares en logística para los concursos ahí donde él no gastó más de 3 mil; 267 mil dólares en cuatro contratos de publicaciones frente a los 257 mil que dice haber gastado él en ocho... ¿Tienen algún asidero? ¿Influyeron esas cifras en el juicio político? No se debatió.

Lo cierto es que Ulloa, Estupiñán, Rivadeneira y Bravo fueron sometidos a juicio político sin haber recibido jamás una notificación formal de las acusaciones de las que debían defenderse; sin que los cargos en su contra hayan sido debidamente sustanciados, ni siquiera motivados. Esto ocurrió porque la Comisión de Fiscalización envió su informe luego de haber precluido el plazo que tenía para hacerlo, razón por la cual los consejeros claman: si el plazo para entregar el informe precluyó, ¿no está todo el juicio político a destiempo? Era de esa opinión el asambleísta Ricardo Vanegas, que había impulsado una petición de juicio político contra los siete consejeros del CPCCS, no solo contra los cuatro que el correísmo y el socialcristianismo no controlan. Pero Ricardo Vanegas no asistió a la sesión, envió a su alterno para que lo reemplace. Y el tema no se debatió.

¿Por qué a los cuatro y no a los siete? Para proceder de esta manera, los interpelantes tuvieron que renunciar incluso a la causal más importante de que disponían, la más grave de las acusaciones: haber destituido los miembros del CPCCS al presidente del Consejo de la Judicatura, facultad privativa de la Asamblea. Es que si los juzgaban por esa causa, habrían tenido que acusar también a Sofía Almeida, la sobrina del tío; y a Juan Javier Dávalos, funcional del correísmo. Prefirieron apostar por los cargos más deleznables sabiendo que, cuando se tiene los votos, la fortaleza del caso es lo de menos.

Ulloa, Estupiñán, Rivadeneira y Bravo fueron destituidos con 85 votos y ahora el correísmo, los socialcristianos y los disidentes de Pachakutik solo necesitan uno de los cuatro consejeros alternos que se principalizarán para controlar la mayoría del CPCCS y, a través de este organismo, manejar la totalidad de los organismos de control, empezando por aquel cuya elección está a las puertas: la Contraloría. Son las ventajas de este engendro surgido de la Constitución de Montecristi: sale baratísimo. Si la Asamblea estuviera a cargo de esos nombramientos, habría que comprar a una treintena de caprichosos e insufribles. legisladores. Gracias al CPCCS, nomás hay que comprar a uno.

La política del odio

Nadie personifica mejor el discurso del odio en el país que la correísta Jhajaira Urresta: la voz crispada, el gesto contraído de un Robespierre que reparte condenas, la ausencia de razones más allá de su propia aversión... ¿Cuál es la prueba contundente de la culpabilidad de Hernán Ulloa? Una foto en la que aparece con María Paula Romo, “la mayor asesina del pueblo”. Eso debería bastar.