Para combatir la corrupción con mayor eficiencia es necesario que se realicen algunas reformas a la Ley de Contratación Pública que incluyan una intervención sancionadora por parte del Servicio de Contratación Pública (Sercop), aseguran especialistas consultados por este Diario. Sin embargo, que estos cambios sean indispensables para un mayor control de los procesos no quiere decir que el país no tenga mecanismos para que esta lucha se realice con eficacia por parte de los entes de control, especialmente de parte de la Contraloría, tal como lo informó ayer este Diario.

“La ley no le impide (a la Contraloría) intervenir en cualquier momento. Si la Contraloría quiere intervenir en un proceso, pide información y la institución pública tiene que darla”, explicaba ayer a EXPRESO Daniel González, experto en contratación pública, con relación al lento e ineficaz combate a la corrupción que existe en Ecuador y que alimenta la percepción de impunidad.

En ese sentido, González propone que, además de devolverle a la Contraloría su facultad de control previo como también ha señalado el contralor Pablo Celi, las reformas a la ley deberían apuntar a que el Sercop pueda intervenir y sancionar durante todas las etapas del proceso de contratación.

“Ahora el Sercop no puede hacer mucho, la ley no le da la facultad de sancionar a la institución pública. Hay que darle la potestad real para que en el ámbito administrativo pueda intervenir”.

Una opinión que es compartida a medias por Roger Tumalli, también experto en contratación pública. “Yo no creo que deba devolvérsele el control previo a la Contraloría, ya que se puede perder la efectividad en la contratación pública y puede provocar más burocracia, pues hasta que llegue el resultado del control se alarga mucho el proceso”.

Sin embargo, sí coincide en que darle potestad interventora al Sercop puede agilizar el control. “Que se le dé esa facultad de intervenir de forma directa para que realice un examen especial de legalidad sobre los procesos, y que se establezcan normas sancionadoras administrativas céleres como una medida precautelar o la terminación directa del contrato”, menciona.

Tumalli también indica que, en paralelo a las reformas administrativas, deben realizarse cambios en el Código Orgánico Integral Penal para que se pueda sancionar a los funcionarios por prevaricato. “Si un funcionario hace algo contra una norma expresa y si se determina que lo hizo de forma dolosa, con la finalidad de apropiarse o estar en contubernio con un tercero, puede configurarse como un delito”.

Ambos especialistas aseguran que actualmente hay mecanismos para combatir la corrupción de una forma más eficaz, sin embargo, es necesaria una mayor voluntad por parte de los funcionarios de los organismos de control, de la Fiscalía y la Judicatura.

“Ahora con un informe de indicios de responsabilidad penal, la Fiscalía debería solicitar a un juez medidas cautelares reales para paralizar las cuentas del contratista o el pago de ese contrato. Existen las herramientas pero no existe voluntad política para hacerlo”, precisa Tumalli.

EN DETALLE

El Sercop. Actualmente, el Sercop puede analizar los procesos de contratación hasta antes de la firma del contrato y aunque sus recomendaciones, de detectar irregularidades, son de cumplimiento obligatorio, si no se cumplen, el organismo no tiene capacidad de sancionar y debe enviar un informe a la Contraloría.

Antecedente. En mayo de este año, y ante la avalancha de casos de corrupción detectados durante la emergencia sanitaria, el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea un proyecto de Ley Reformatorio del Código Orgánico Integral Penal para Sancionar la Corrupción en Procesos de Contratación Pública en Emergencia.