El asambleísta Eliseo Azuero será vinculado el viernes a la instrucción fiscal que por presunta delincuencia organizada se sigue en contra del legislador Daniel Mendoza. La Fiscalía pidió a la Corte Nacional de Justicia una fecha para la audiencia y su vinculación se dará junto con las de otras 12 personas sospechosas del delito. 

Este lunes a las 08:00 el asambleísta rindió su versión sin juramento vía telemática. En la Fiscalía estuvo su abogado Francisco Freire quien señaló que su cliente pidió que se le permita acceder al audio de una conversación que habría mantenido con el legislador Mendoza. 

Azuero es legislador de BADI. Al ser consultada la semana pasada por EXPRESO indicó que no conocía las razones por las que había sido convocado. "No tengo la más remota idea. Se conoce, se dice, se especula que hay una conversación. Yo he tenido muchas conversaciones con muchas personas, con él inclusive", indicó.

Dijo que no pudo acudir al primer llamado porque tenía un problema de salud: asma y arritmia cardíaca por más de 20 años. Pidió nueva fecha y la Fiscalía lo convocó para este lunes 13 de julio.

La semana pasada la Fiscalía dispuso la realización de un peritaje de la señal acústica de la grabación. Además requirió que Azuero y Mendoza brinden una muestra de voz para que se hagan las comparaciones. Mendoza fue llevado el viernes a Criminalística para esa diligencia. También pidió que la Asamblea brinde copias de cinco sesiones en las que haya participado el legislador. 

El abogado insistió en que desconocen el contenido del audio y pidieron que les hagan conocer de qué trata la grabación. 

Además de Azuero el viernes serán vinculados los primeros detenidos en la supuesta red de corrupción relacionada con el caso de la construcción del hospital de Pedernales investigada por lavado de activos. Uno de los detenidos en ese operativo cumplido en mayo pasado fue Jean Benavides, exasesor de Mendoza. En su poder se encontró dinero en efectivo que se había retirado de BanEcuador. El monto total entre cheques y dinero en efectivo fue de alrededor de 1.7 millones de dólares. 

Mendoza presentó su renuncia a la Asamblea. está preso en la cárcel 4 de Quito. Se entregó a la Policía el 4 de junio en Portoviejo. El 5 de junio recibió cargos en la Corte Nacional de Justicia. La fiscal Diana Salazar lo señaló por ser parte de una presunta estructura organizada, presumiendo que fue integrada con fines delictuales. 

Al definir los roles de los sospechosos, la fiscal dijo que Mendoza, valiéndose de su cargo en lugar de coordinar las actividades de legislación o fiscalización, había participado en acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí. 

El nombre del legislador apareció en un chat con Franklin Calderón y José Véliz coprocesados de Benavides en el expediente de lavado de activos. Mendoza habría controlado y supervisado las acciones valiéndose de su condición de asambleísta.