Mario Godoy niega responsabilidad sobre el retiro de seguridad del juez Serrano

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, negó que la institución haya tenido competencia en la decisión de retirar la protección policial al juez Carlos Serrano, quien denunció amenazas y presiones mientras tramitaba el caso del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, condenado por lavado de activos en el caso Euro2024.

En un comunicado firmado este 18 de diciembre, Godoy afirmó que “la decisión de asignar o retirar seguridad personal no corresponde al Consejo de la Judicatura”, y atribuyó esa responsabilidad al Ministerio del Interior y a los informes técnicos de evaluación de riesgo. Según el documento, el juez Serrano reportó el 3 de diciembre que su certificación de riesgo había caducado el 30 de septiembre de 2025, y tras una nueva evaluación se determinó un “nivel medio” (38%) que no justificaba la protección personal.

Pese a ello, el CJ sostiene que gestionó “de manera inmediata y urgente” una nueva solicitud de seguridad mediante oficio emitido el 8 de diciembre. Una versión que contrasta por la que ha sostenido el juez, de que nunca se le respondió las cartas enviadas a Henry Gaibor, director de la Judicatura de Pichincha, en donde alertaba sobre el riesgo. 

Estas explicaciones contrastan con las denuncias públicas del juez Serrano, quien sostuvo que fue presionado por un “alto funcionario del Consejo de la Judicatura” para favorecer al procesado extranjero y que, luego de negarse, sufrió intimidaciones. Entre ellas mencionó la colocación de un coche bomba en el Complejo Judicial Norte y una señal de amenaza en plena audiencia, cuando Jezdimir Srdan pasó un dedo por su cuello frente al tribunal. Serrano indicó además que continuó despachando sin resguardo pese a advertir el riesgo.

Juez Carlos Serrano debe aún despachar

Sobre su situación laboral, Godoy aseguró que el juez pidió acogerse a modalidad de teletrabajo, y que esta solicitud fue aprobada mediante oficio el 15 de diciembre, autorizando desempeño remoto hasta el 31 de marzo de 2026. Respecto a su renuncia, presentada el 4 de diciembre, el CJ señaló que no ha sido aceptada porque Serrano mantiene “causas de conmoción social” que requieren emitir sentencias por escrito.

Justamente, el penalista Felipe Rodríguez ha señalado que otras de las presiones sobre Serrano es el caso Triple A, donde está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y cuya audiencia está prevista para el 24 de diciembre. 

Godoy no se refirió en su comunicado sobre el papel que tuvo su esposa, Dolores Vintimilla, cuando fue abogada del narcotraficante serbio. Ni se refirió a la presunta injerencia a la independencia del juez, por parte de ese "alto funcionario".

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