La lucha contra la corrupción se colma de entidades y gastos con pocos resultados

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La lucha contra la corrupción se colma de entidades y gastos con pocos resultados

En los primeros meses del año, el gasto de las entidades que tienen propósitos anticorrupción superó los 90 millones de dólares

José De La Gasca, secretario Anticorrupción.
La Secretaría Anticorrupción no detalla su ejecución presupuestaria.cortesía

Combatir a la corrupción es una actividad costosa y con resultados limitados. Sobre todo, si hay más de seis entidades dedicadas a lo mismo. La vigilancia redundante genera egresos millonarios para el Estado que no se replican en una reducción de actividades por fuera de la ley.

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Solo en los primeros cinco meses del año, y en medio de una emergencia sanitaria, las entidades vinculadas a acciones anticorrupción reflejan un gasto de al menos 90 millones de dólares.

Ecuador cuenta con una Fiscalía y una Contraloría General del Estado para revisar el uso de los recursos públicos. Las dos entidades tienen una trayectoria amplia y unidades desplegadas en todo el país. Son las más reconocidas, las que más resultados obtienen y, además, las que más gastan para cumplir su labor.

En lo que va del año, según el reporte de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, esas dos instituciones han gastado cerca de 70 millones de dólares en conjunto. Entre esos egresos se registran el pago de personal y la serie de investigaciones que llevan adelante. (ver cuadro)

Los gastos de los organismos anticorrupción
Los gastos de los organismos anticorrupciónexpreso

No es el único rubro anticorrupción. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también ejerce una función de control de actos ilícitos en el aparato estatal. En cuatro meses, de enero a abril, la entidad gastó 2,1 millones de dólares. Al año, según la ejecución de 2019, ese organismo gasta más de ocho millones de dólares.

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La cantidad, a decir de las autoridades del consejo, es insuficiente. Los integrantes del organismo reclamaron por más fondos para sus actividades. El pedido no fue escuchado del todo por la función Ejecutiva.

¿Quién más tiene la misión de vigilar? Durante el actual Gobierno se creó la Secretaría Anticorrupción, el organismo adscrito a la Presidencia de la República, ha sido cuestionado por duplicidad de funciones en época de austeridad.

Pese a ser una unidad que apela a la transparencia, su reporte de gastos no es el más claro. Aunque todas las entidades públicas deben reportar su presupuesto y gastos, Anticorrupción, por estar dentro de la Presidencia de la República, no exhibe sus facturas. En su portal web solo hay un enlace directo a los gastos de toda la Presidencia. Ahí, el total suma los 4,9 millones de dólares.

El dato no precisa cuánto de ese presupuesto se asigna a la entidad de José de la Gasca.

Hay más. Una Contraloría, una Fiscalía, un consejo de Participación y una secretaría Anticorrupción no son suficientes, según el actual Gobierno, para vigilar los bienes públicos. También hay una Secretaría Técnica que coordina las acciones de toda la función de Transparencia y control social. Su presupuesto es bajo y hasta mayo de este año ha gastado más de 36.012 dólares.

José De La Gasca, secretario Anticorrupción.

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De esa entidad, de la que poco se sabe, al menos se conoce el presupuesto detallado. La Comisión Internacional Anticorrupción también fue creada por el presidente Lenín Moreno y su acción, así como sus gastos, son un misterio.

Una de sus últimas actividades, que fracasó públicamente, fue la reunión y posterior rueda de prensa que se iba a brindar en Washington, durante la visita presidencial de Moreno a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en febrero. Los medios fueron convocados a una rueda de prensa que finalmente fue cancelada. Ese encuentro con medios tenía como propósito mostrar los avances del organismo multisectorial.

No se ha conocido más de la gestión de la comisión de carácter internacional.

A todas estas entidades se puede sumar la Asamblea Nacional que cuenta con una comisión de Fiscalización que cobró relevancia desde mayo de 2017. Previo a esa fecha, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y su brazo legislativo, nada salió de esa mesa. No se enjuició a nadie ni se cuestionó la labor de ningún funcionario pese a las denuncias de sectores sociales y medios de comunicación.

En el actual periodo, desde ahí se han tramitado juicios políticos e investigaciones a exministros, secretarios, asambleístas, superintendentes, vicepresidentes y hasta fiscales. Desafortunadamente, su peso sancionatorio es mínimo. Una censura a un exministro, por ejemplo, no representa una sanción significativa.

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También hay unidades de transparencia en varias entidades. La Unidad de Análisis Financiero y la empresa pública Petroecuador crearon una unidad interna en la petrolera para evitar actos ilícitos. Dicho departamento también fue creado en el actual Gobierno.

Los casi 90 millones gastados en este año para alimentar a organismos públicos que eviten la corrupción parecen una inversión poco productiva si se compara con la cantidad de robos dentro del Estado que se verifican a diario. Durante la emergencia derivada por la propagación del coronavirus, las anomalías se han multiplicado. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Servicio de Gestión de Riesgos, los hospitales del Ministerio de Salud y los gobiernos autónomos realizaron compras que ahora están sujetas a investigación por evidentes sobreprecios.

Los ejemplos abundan

La denuncia es diaria. Los actos de corrupción por compras con sobreprecio durante la emergencia sanitaria se convirtieron en actividades frecuentes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) encabeza la lista con adquisiciones que le costaron el cargo a altos funcionarios.

Por la compra -que finalmente fue frustrada- de mascarillas N95 a un precio unitario de 12 dólares, cuando en el mercado no superan los cuatro dólares, renunció el director general de la entidad, Miguel Ángel Loja. También se desvinculó a otros integrantes del IESS y, casi un mes después, renunció el presidente del Consejo directivo de la entidad, Paúl Granda.

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La presión social hizo que Granda, que era delegado del presidente Lenín Moreno, de un paso al costado.

En este caso, donde la Contraloría General del Estado, encontró indicios de responsabilidad penal, la anomalía fue detectada dentro del sistema del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Aunque el caso es más reciente, en las actividades ilícitas del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos hay más resultados. Para el lunes 18 de mayo de 2020 está prevista la audiencia de formulación de cargos contra Alexandra Ocles. Ella, que fue parte del gobierno de Lenín Moreno desde sus orígenes y también colaboró con la administración de Rafael Correa, estuvo frente al Servicio de Gestión de Riesgos hasta que se detectó una compra de canastas alimenticias con precios exagerados.

La Fiscalía General del Estado procesará a Ocles por el presunto delito de tráfico de influencias.

A la par se han registrado allanamientos en hospitales y otras entidades públicas. La Contraloría y la Fiscalía se comprometieron a examinar todas las adquisiciones de la emergencia sanitaria.