Es una deuda que crece. La Asamblea Nacional recibe proyectos de ley que en su momento son consideradas de urgencia pero, que en poco tiempo, van quedando relegados a segundo plano en la Legislatura. La mayoría de estas propuestas surgen desde el Ejecutivo que se ha visto forzado, por la coyuntura, a plantearlas para su tratamiento, sin tener eco ni siquiera ante los legisladores de la bancada oficialista (Alianza PAIS).

Ejemplos hay algunos. En noviembre del 2018 el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional de ese entonces, Elizabeth Cabezas, el proyecto de Código de Seguridad, el cual surgió por los problemas que el Ecuador empezó a tener en la frontera norte, donde hubo un ataque con un coche bomba a un destacamento policial en la población de San Lorenzo, y ante el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de El Comercio, así como de dos ciudadanos oriundos de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En ese momento se mostró la urgencia de tener un cuerpo legal acorde a los nuevos tiempos y a las nuevas amenazas que vive el país, y ante las denuncias de las repetidas fallas de la inteligencia militar y policial.

Así también, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Movilidad Humana, que busca regular y ordenar las dinámicas de las personas en condición de movilidad, a fin de garantizar la seguridad de los ecuatorianos. La propuesta nació de la coyuntura que vive el país por la migración de ciudadanos venezolanos, y por algunos actos de violencia que involucraron a extranjeros.

Una filtración de datos privados de millones de ecuatorianos por Internet ocasionó que el Gobierno, por intermedio del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presente el proyecto de ley para la protección de datos personales. La directora de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, dijo a EXPRESO que en la Asamblea le ofrecieron que en este mes se trataría la propuesta hecha en septiembre del 2019.

La lucha contra la corrupción ha sido otro de los ejes en los que enfocó el Gobierno su trabajo y presentó algunas iniciativas para fortalecer la labor en contra de los presuntos hechos de corrupción del anterior régimen, entre ellas la Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante, pero al igual que los otros proyectos antes señalados, no han tenido la respuesta necesaria en el Parlamento, a pesar de que las diferentes autoridades que han recibido los proyectos han dicho “que serán prioritarios”.

Sin embargo, esta prioridad solo ha quedado en el discurso. El nuevo Código de Seguridad recayó en la Comisión de Relaciones Internacionales, que recién la semana pasada logró concretar la conformación de subcomisiones para que traten los cuatro libros que tiene el proyecto.

En este mismo organismo legislativo están las reformas a la Ley de Movilidad Humana, y la Ley de Datos Públicos, que no tiene aún informes ni para primer debate.

Mientras que las propuestas anticorrupción están en la Comisión de Justicia, que aún las tiene en debate y se siguen recibiendo aportes para elaborar los informes que pasen al pleno.

“No es posible legislar por coyunturas”, dijo a EXPRESO el asambleísta Henry Cucalón (PSC), quien considera que no se puede estar trabajando por lo que vaya pasando. De ser así, dijo, se tendría leyes por cualquier cosa.

“Se presentan leyes que responden a la coyuntura. Lo lamentable es que en la práctica no dan soluciones reales a los problemas de fondo. Un ejemplo es el Proyecto de Lucha Contra la Corrupción. El Ejecutivo lo vetó totalmente y envió uno elaborado por ellos que al final del día tampoco resultó ser la panacea para exterminar la corrupción”, señaló la legisladora Marcela Aguiñaga.