Ley urgente tendrá cambios en primer informe: ¿Qué pasa con régimen penal?
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Valentina Centeno anunció modificaciones en temas como plazo para juicios
El informe para el primer debate de la ley económica urgente para desarticular las economías criminales sí contemplará algunos cambios. Aunque el oficialismo ha centrado la discusión en la posibilidad de que la empresa privada done insumos a las fuerzas del orden, también hay variaciones en lo relacionado con el régimen penal especial.
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La sesión de la Comisión de Desarrollo Económico está prevista para las 18:50 del 27 de mayo de 2025. La presidenta de esa mesa, Valentina Centeno (ADN), anunció las reformas contempladas tras las comparecencias escuchadas durante este primer tramo del tratamiento de la normativa.
“Se mantiene la posibilidad de que las empresas puedan donar parte de su Impuesto a la Renta, hasta el 30%, a las fuerzas del orden en insumos y equipamiento, y hemos incluido bienes inmuebles para este informe”, explicó Centeno.
Este beneficio es un crédito tributario al que acceden las empresas privadas a cambio de la donación de equipos, inmuebles y elementos logísticos destinados a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, los cuales son definidos por los ministerios del Interior y de Defensa.
Durante las comparecencias, desde el sector privado también se sugirió que se contemple la posibilidad de entregar servicios a cambio de ese crédito tributario.
Cambios en el régimen penal especial
Centeno también afirmó que habrá modificaciones en esta área, que es la de mayor peso en el proyecto enviado por el Ejecutivo. Entre los ajustes, se plantea extender la tipificación del delito de crimen organizado.
De esta manera, pertenecer a un grupo de delincuencia organizada será sancionado con una pena privativa de libertad superior a 25 años, según explicó la legisladora oficialista.
Otro cambio está relacionado con los delitos de crimen organizado en el marco del conflicto armado interno que reconoce el proyecto. Estos casos serán encargados a los jueces especializados en anticorrupción.
Además, en la propuesta original del Ejecutivo, se establecía que la audiencia de juicio debía ser convocada en un plazo máximo de quince días tras la aprehensión o detención. Sin embargo, se plantea que ese plazo se extienda a 90 días.
En la Comisión de Desarrollo, el oficialismo cuenta con los votos de sus legisladores, así como el respaldo de sus aliados. El correísmo tiene cuatro voluntades, pero no lograría bloquear la aprobación del informe por sí solo.
El asambleísta de Revolución Ciudadana, Sergio Peña, señaló que sí presentarán observaciones a la ley, enfocadas en la conformación del Bloque de Seguridad. El legislador insistió en la necesidad de definir con claridad su estructura.
También enfatizó la importancia de revisar lo que se establece para los allanamientos y detenciones, así como los “temas neurálgicos de derechos y garantías constitucionales para evitar futuros abusos”.
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