La Ley de Comunicación: muy restrictiva y poco garantista

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La Ley de Comunicación: muy restrictiva y poco garantista

Los artículos sobre derechos de los comunicadores casi no han sido reformados. El veto de Lasso propone crear un mecanismo de protección de periodistas

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El presidente Guillermo Lasso vetó la reforma a la Ley de Comunicación y ahora debe regresar al pleno de la Asamblea para su tratamiento.Henry Lapo/ EXPRESO

El debate siempre es intenso cuando se trata de la Ley de Comunicación. Desde su entrada en vigencia en 2013 pasando por las reformas del 2019, y los recientes polémicos cambios vetados por el presidente Guillermo Lasso, el análisis orbita en transformar la norma en más o menos restrictiva, ¿pero y las garantías para la labor periodística y de los medios de comunicación?

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Se trata de un aspecto del intenso debate que simplemente es ignorado. No hay artículo dentro de la ley que, por ejemplo, garantice que ninguna función del Estado o cualquier otro tipo de poder (económico, religioso, gremial y otros) pueda ejercer presión o injerencia sobre el trabajo periodístico, reclama el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Cristóbal Peñafiel. “Las reformas le ponen al Estado como juez de la verdad. En lugar de garantizar a los periodistas o medios que no haya presión del Estado, esta se presenta con mucha más fuerza”.

Las reformas, en lugar de garantizar a los periodistas y medios que no exista presión del Estado, presentan esta injerencia con más fuerza. El periodista va a estar en manos del Estado.

Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas.

La Ley de Comunicación recoge una sección en la que agrupa los derechos de los comunicadores en siete artículos que no han sufrido mayores modificaciones a lo largo de los años, salvo una empujada por la coyuntura del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio.

La inclusión del artículo 42.1 hace referencia a la protección a los trabajadores de la comunicación. Establece que el Estado y los medios de comunicación protegerán al trabajador de la comunicación cuya vida corra riesgo por su actividad profesional. A decir de Peñafiel, está estancada la elaboración y coordinación de políticas públicas, protocolos, proyectos y programas, que según la ley están a cargo del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom).“Esa mesa técnica de protección a los periodistas no funcionó y no funciona hasta ahora. Es letra muerta que está en la ley y está durmiendo el sueño de los justos”.

La presidenta de dicho ente,  Jeannine Cruz, reconoce que hace 11 meses cuando ingresó encontró una institución sin una hoja de ruta clara en materia de protección a periodistas. El primero paso fue conformar una mesa técnica con gremios e instituciones del Estado, como por ejemplo la Fiscalía. “El Consejo tiene un presupuesto de 3 millones, de ellos el 97% se va solo en sueldos. Para poder llegar a una asistencia técnica de organismos internacionales nos tocó pedir ayuda. Y quitarnos ese estigma sobre la institución”.

Lamento que la Asamblea haya legislado desde el revanchismo y no desde poder analizar las sentencias (internacionales) y pensar que hoy hacer periodismo es complicado.

Jeannine Cruz, presidenta del Cordicom.
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Cruz considera que la Asamblea perdió una oportunidad para endurecer las garantías en la ley, sobre todo las relacionadas a la protección de los comunicadores, que ahora se enfrentan no solo a los embates de investigar actos de corrupción, sino también al crimen organizado. Hace pocos días fue asesinado a tiros en Manta el periodista Gerardo Delgado.

El veto presidencial crea un mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico integrado por delegados de entes rectores del Estado. En otras palabras, si la objeción del Ejecutivo entra en vigencia, el Estado protegerá a los periodistas cuando investiguen, muchas veces, al mismo Estado. Más de lo mismo.