Hay que reconocerlo: el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, tiene muy buen ojo para escoger los terrenos donde mejor puede acomodar su versión de la realidad.

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Lo hizo este 18 de marzo de 2024 en el Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en Samborondón, donde organizó uno de esos llamados actos de rendición de cuentas. El escenario era perfecto: libre de contradictores y lleno de amigos, partidarios y de subalternos suyos. Si algo abundaba eran aplausos.

Fue así como muy cómodo y radiante anunció algo que, en realidad, es una mentira monumental: que finalmente la Asamblea va a aprobar en la sesión del martes 19 de marzo la resolución de respaldo a la fiscal Diana Salazar, que en dos ocasiones no se pudo por falta de votos.

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Kronfle dio algunas explicaciones para que esa resolución haya fracasado: por ejemplo, que el primer intento había sido durante el Día Internacional de la Mujer y que por eso entregó la Presidencia a la vicepresidenta correísta Viviana Veloz y que por eso él se fue para asistir a un acto de ONU Mujeres.

Además, que el segundo intento fue con un texto “amañatado” que no podía ser aprobado, aunque no explicó las razones. Ahora sí, dijo, se va a aprobar una auténtica resolución de apoyo a la fiscal.

Pero Kronfle se dio el lujo de no transparentar el verdadero contenido y espíritu del proyecto de resolución que se va a tratar en la sesión del martes. Solo dijo que ahí se incluirían “todos” los casos de corrupción para no dejar únicamente en la lista al de Metástasis y de Purga, que son, en realidad, los dos acontecimientos que tienen conmocionada a la opinión pública del país.

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El proyecto elaborado por el Partido Social Cristiano y que anunció Kronfle, en realidad, no es una resolución de apoyo a la fiscal ni nada que se le parezca: es una declaratoria evidentemente tramposa en la que, bajo el inocuo lugar común de respaldo a la independencia de la Fiscalía, se hace una lista de siete casos sobre los que insta a Salazar a informar a ese organismo.

“Ahí están todos los casos de conmoción nacional”, dijo Kronfle, quien hizo especial cuidado en mencionar sobre todo a los que comprometen políticamente al gobierno de Guillermo Lasso: los llamados casos León de Troya y Encuentro. Si se observa el texto del proyecto de resolución, se encuentra que hay una lista de siete casos sobre los que la Asamblea insta a la fiscal a informar sobre su estado.

Está el caso Purga, Metástasis, Gran Padrino, León de Troya, Flopec, Isspol y Reparto de Hospitales. No constan, como no podía ser de otra forma, el de JJ Franco, operador político de Jaime Nebot, y el proceso por la reconstrucción de Manabí, en el que está sindicado Jorge Glas, actualmente escondido de la justicia en la Embajada de México. ¿Por qué no se incluyen esos dos casos en la resolución? Obvio: son los dos que afectan a los grandes socios del pacto de gobernabilidad: su partido, el PSC y la Revolución Ciudadana.

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De acuerdo a la resolución, se reconoce la independencia de funciones y la institucionalidad de la Fiscalía, algo que es como decir que se reconoce la Constitución. Luego, en su artículo segundo dice que se rechaza todo intento de intromisión u obstrucción en las investigaciones y en el tercero solicita a la Fiscalía que informe a la Asamblea sobre las fechas de inicio de cada uno de los siete procesos mencionados.

Pero ahí viene el detalle: en ese llamado a la fiscal Salazar para que informe sobre el estado de los procesos, incluye el caso de supuesto peculado del expresidente Guillermo Lasso, por el que fue enjuiciado políticamente antes de la muerte cruzada. Es decir, la intención tras la resolución bien podría ser abrir la ventana para que Lasso sea procesado judicialmente por el caso de Amazon Tanker, que fue la causal calificada por la Corte Constitucional para el juicio político.

En realidad, si se observa el proyecto de resolución, no existe un apoyo institucional, como dijo Kronfle, a la fiscal, sino una declaratoria de guerra política al gobierno de Lasso.

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La tal rendición de cuentas fue, en suma, una argumentación política en la que Kronfle se movió sobre dos ejes: la crítica al gobierno de Guillermo Lasso, al que prácticamente le endosó todos los grandes problemas del país y la apología del llamado pacto de la gobernabilidad que se articuló entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y el gobierno de Daniel Noboa.

En esa dirección, Kronfle le atribuyó a la Asamblea la reducción de la inseguridad en las calles y hasta el supuesto aumento del empleo en el país. En definitiva, un himno a la colaboración socialcristiana y correísta con el gobierno de Daniel Noboa.

Claro, en el pomposo listado de acciones del pacto de gobernabilidad a favor de la lucha en contra de la corrupción y la inseguridad no dijo nada, por ejemplo, de la inacción inexplicable para frenar el evidentemente vicioso concurso de jueces que hacía el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán y que únicamente se cayó cuando estalló el caso Metástasis.

Kronfle, en la UEES, estuvo como pocas veces tan contento y radiante.

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