La Función Judicial lleva en crisis más de 40 años. Desde 1979, con el regreso a la democracia, la justicia ha estado caracterizada por una subordinación permanente a la política.

Hasta 1990 la designación de los magistrados estaba condicionada por el peso que cada partido político tenía al interior del Congreso y sus alianzas.

Poco ha cambiado, pese a que la Función Judicial ha sufrido una serie de reformas legales, administrativas y constitucionales. Pero todas han caído en el mismo hoyo: la injerencia de la política partidista para controlar a los jueces.

Hoy, el debate de este problema brota en medio del juicio político de los tres vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Maribel Barreno y José Morillo, y de la expresidenta María del Carmen Maldonado. Pese ha haber salvado sus cargos (por ahora), los juristas, académicos y exfuncionarios cuestionan la existencia de un organismo como la Judicatura, que en teoría debería ser un ente administrativo, pero en la práctica ha servido para enchufar a jueces serviles y destituir a los que son incómodos para sus intereses.

¿Es la Judicatura un ente necesario? El constitucionalista Ismael Ulloa cree que sí, que la solución no es eliminar esta entidad, sino cambiarla.

La principal reforma, a su criterio, es respecto a la conformación. El artículo 179 de la Constitución indica que la Judicatura se integrará por cinco delegados y sus suplentes, quienes serán elegidos por ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional, la Fiscalía General, la Defensoría Pública, la Función Ejecutiva y por la Asamblea.

“Es una integración básicamente política, no técnica”, critica Ulloa. Su idea es que el Consejo de la Judicatura debe ser nombrado por los judiciales, no por otros órganos, como el Ejecutivo y Legislativo. “Hay un claro conflicto de intereses cuando dos de los cinco vocales responden al Legislativo y al Ejecutivo, poderes que deben estar sometidos al control judicial”.

Hasta la Constitución de 1998, el sistema de designación de la Judicatura estaba a cargo de la Corte Suprema y su presidente también era el titular de la Judicatura. Un sistema en el que los jueces se disciplinaban y que, por su concentración de tareas administrativas y jurisdiccionales, llevó a abusos que fueron la justificación para que el correísmo cambie el sistema de justicia en 2010.

Le llamaron modernización por los cientos de millones de dólares en construcciones. Sin embargo, la crítica más dura fue por concursos amañados y destituciones a los judiciales.

Human Rights Watch ya en 2014 llamó a limitar la acción de la institución, que hasta el 2013 estuvo en manos de Paulo Rodríguez, un delegado de Rafael Correa, y el 2014 llegó Gustavo Jalkh, exsecretario de dicho expresidente.

“La Judicatura también ha modificado sustancialmente la composición del Poder Judicial, al designar y destituir a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que atentan contra la independencia”, dijo HRW.

Jalkh dice que cuando él fue presidente de la Judicatura hubo independencia judicial y se dedicó a mejorar la calidad del servicio, desde aspectos técnicos como impulsar concursos públicos con impugnación ciudadana. “Trabajamos en ese sentido en nuestro periodo, porque así lo entendimos siempre, que la Judicatura es un organismo técnico que no se ocupa de los temas jurisdiccionales”.

En el juicio contra Murillo, Barreno y Morillo, la legisladora correísta Viviana Veloz ha dicho que la justicia está “secuestrada” por el Gobierno. “Han pasado del reparto de hospitales al reparto de notarías. Ustedes son los culpables de haber pulverizado la institucionalidad de la Función Judicial”.

En la memoria de Veloz y en la de todos los correístas no están presentes los correos y mensajes de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, con funcionarios de la Judicatura. En sus comunicaciones se evidenció que ciertos candidatos para ser jueces eran elegidos o descartados dependiendo de si podían ser “peligrosos” o “buenos elementos” para Correa.

En una conversación de 2014 mantenida con Néstor Arbito, exvocal de la Judicatura de Jalkh, habrían hablado sobre el concurso para la selección de 700 jueces de primera instancia. El mensaje decía: “Nes, ya hablé con el jefe sobre el proceso de 700. Él quiere meter amigos en el proceso”. En los chats de Martínez quedaron en evidencia temas como el “listado de las personas que deben ser consideradas” para jueces y notarios, el pedido para que se revisen las pruebas psicológicas y más irregularidades. Jalkh, Arbito y los otros vocales fueron destituidos después de que el Consejo de Participación dijera de ellos “permitieron que sus vinculaciones políticas intercedan en la ejecución de sus funciones”.

Con la actual Judicatura los escándalos no han faltado. La Fiscalía investiga la filtración de audios que involucran a los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno. Una de las grabaciones sería de un diálogo con un juez a cargo de la acción de protección de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea. Morillo supuestamente le indica al juez que ha hablado con el presidente Guillermo Lasso, quien le habría pedido salvar a Llori para evitar que perdiera la presidencia de la Asamblea.

Paulina Aguirre, expresidenta de la Corte Nacional, en 2020, ya pidió reformas a la Judicatura para limitar los vínculos que unen justicia y política. Su propuesta fue que la Judicatura no tenga la capacidad de sancionar a los jueces o suspenderlos.

La Corte Constitucional ya dio un paso cuando limitó que la presidencia de la Judicatura suspenda a funcionarios. Desde febrero el pleno debe sesionar y votar para suspender a un juez.

• Destituciones

Entre 2010 y marzo de 2022, el Consejo de la Judicatura destituyó a 1.060 jueces. La entidad ha pagado $ 7 millones por los jueces destituidos, tras varias demandas. Unos fueron separados por actos de corrupción, pero otros porque sentenciaron en contra de los intereses del Poder Ejecutivo del momento.

• Fiscalía

La Fiscalía perdió la autonomía para nombrar o destituir a sus funcionarios. La Judicatura es la que organiza los concursos públicos para seleccionar a los agentes investigadores. El criterio de los entrevistados es que esto debe cambiar y que a la Fiscalía se le debe devolver esta autonomía.

• Pugna

Si bien los vocales de la Judicatura han salvado su puesto, por ahora el cargo de presidente del organismo todavía es motivo de pugna. El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, envió una terna al Consejo de Participación para que de ahí salga su presidenta. Pero esto no se tramita.

• Deficiencias

La Judicatura está encargada de la administración de la justicia y eso incluye el material de papelería, la cantidad de funcionarios judiciales como secretarios, citadores, ayudantes, etc. Desde el 2019 hay reclamos permanentes por la falta de personal, incluso por la carencia de papel higiénico.

La nueva lucha por la presidencia

En la pugna por la presidencia de la Judicatura hay un nuevo capitulo. La jueza de la Corte Constitucional, Carmen Corral, convocó para el 8 de septiembre, a las 10:00, a la audiencia pública para resolver la acción extraordinaria presentada por el vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román Márquez. Él reclama ser principalizado como presidente del organismo, tras la salida de María del Carmen Maldonado, de quien era vocal suplente.

La justificación para que Román no ocupe la presidencia del organismo era su origen, al no haber sido parte de la terna remitida por la Corte Nacional. Sin embargo, Fausto Murillo, actual presidente de la Judicatura, tampoco es de la terna de la Corte Nacional, sino que provenía de la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional debe resolver esta diferencia judicial porque el siguiente paso para conocer quién es el presidente de la Judicatura definitivo estará en la cancha del Consejo de Participación Ciudadana. Su presidente, Hernán Ulloa, ya ha indicado que no dará trámite a la terna enviada por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la discrepancia jurídica que hay entre los vocales de la Judicatura, Román y Murillo.

Por este conflicto, dice Ulloa, el CPCCS no tiene claro qué autoridad debe designar de la terna, si el suplente de la Presidencia o el nuevo titular. “Ante la ausencia definitiva de la dra. María del Carmen Maldonado, quien debería sucederle de forma legítima es su vocal suplente, es decir, el doctor Álvaro Román, tal y como lo dispone el Dictamen Interpretativo 02-19-IC/ 19”, señaló Ulloa.

Este fallo de la Corte Constitucional le impide al CPCCS revisar las decisiones del CPCCS transitorio, “y por ende, vulnerar la legítima expectativa del Dr. Álvaro Román en titularizarse y ejercer como presidente de la Judicatura”, ya que fue el CPCCS transitorio quien nombró a Román como suplente de Maldonado.