Les faltaron cinco votos. Correístas y socialcristianos no lograron convencer a Pachakutik y perdieron el juicio político contra la expresidenta y tres vocales del Consejo de la Judicatura. Se cierra así el último capítulo de una trama judicial que el abogado de Rafael Correa, el exasambleísta Fausto Jarrín, abrió dos años atrás en la Corte Constitucional. El objetivo: revertir las sentencias en el Caso Sobornos. El argumento: que dichas sentencias (por cuya causa el expresidente mantiene su condición de prófugo hasta el día de hoy) eran el resultado de una violación a la independencia judicial producida en 2019, cuando el Consejo de la Judicatura, por disposición del CPCCS de Julio César Trujillo, evaluó y removió a los jueces de la Corte Nacional. Jarrín no obtuvo lo que buscaba de la Corte Constitucional y quiso intentarlo en la Asamblea: hizo “copy/paste” de su denuncia y presentó un juicio político con la misma causa. Pero aunque él se retiró discretamente del escenario y su partido disfrazó sus intenciones, Pachakutik no perdió de vista el objetivo inicial.

El resultado fue una votación extrema: 87 votos (de los 92 necesarios) a favor de la censura de María del Carmen Maldonado, expresidenta, y la destitución de Juan José Morillo, Fausto Murillo y Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura. Los socialcristianos, la mayoría de disidentes de Pachakutik, siete asambleístas de la Izquierda Democrática y varios independientes, incluido el presidente Virgilio Saquicela, se sumaron a la causa correísta. El resto (49 en total) se abstuvieron. Sin embargo, Saquicela se apresuró a cerrar la sesión antes de que nadie pidiera reconsiderar la votación, lo cual habría cerrado el procedimiento. La posibilidad queda abierta hasta la próxima sesión: es el tiempo que tienen los correístas para convencer (con los argumentos que sean necesarios) a cinco asambleístas para unírseles.

Insólito fue el juicio político: Maldonado, Morillo, Murillo y Barreno fueron acusados de una cosa y procesados por otras. Se dirigieron al Pleno para defender la constitucionalidad de la evaluación de los jueces y terminaron enterrados bajo una avalancha de cargos ajenos al proceso: les sacaron los bochornosos audios de Fausto Morillo, les acusaron de intromisión indebida en el trabajo de los jueces, de no haber convocado a concurso para elegir fiscales, de incumplimiento de pagos a los empleados de la Función Judicial, de venta de notarías y cobro de coimas, hasta de la falta de papel higiénico en los juzgados. Y les convirtieron en chivos expiatorios de todas las desgracias del sistema: desde los muertos en las cárceles hasta los casos de sicariato. El debate giró en torno cualquier cosa, menos a las causales del juicio.

“Las causales son unas, pero este es un juicio político que tiene ramificaciones y consecuencias”, justificaba vagamente el socialcristiano Luis Almeida, designado por el correísmo (significativa elección) para acompañar a Viviana Veloz como segundo interpelante. Esteban Torres, quien en otros casos suele preciarse de hablar ajustado a Derecho, apuntalaba esa postura. Según él, los audios que prueban el cabildeo de Fausto Morillo con un juez en favor de la depuesta presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, son motivo suficiente para la destitución, aunque no formaran parte del proceso. Su colega Jorge Abedrabo fue más directo y pidió que “no nos volvamos legalistas”: “Que prevalezca la ética y la moral”, dijo (sobre el Derecho, se entiende).

Muchos oradores dirigieron sus esfuerzos a convencer a la bancada de Pachakutik de votar a favor de la censura. Sin éxito. Sorprendió escuchar a Mario Ruiz, vocero de los disidentes, anunciar su decisión de abstenerse: “No nos quieran usar para sus trincas y sus amarres políticos -dijo-. Sé que muchos pensaban que yo era sumiso a decisiones que les dan desde el otro lado del océano”. En un intento desesperado por revertir esa postura, la correísta Pamela Aguirre le recordó que “los líderes de Buenos Aires”, es decir, los mineros ilegales a quienes se debe Ruiz, “están siendo perseguidos por estos jueces”. Pero ni así. “En este tema -terció Salvador Quishpe-, allá entre blancos: nos abstenemos de votar”. Y con graciosa vulgaridad se sacó de encima los señuelos con los que intentaba convencerlos el correísmo: “A tu taita le harás el cojudo”, dijo citando a su abuelo.

No faltaron los que dieron razones retorcidas para justificar su adhesión al correísmo. Bruno Segovia, ex Pachakutik del grupo de Yaku Pérez, por ejemplo, argumentó que “no sólo la Asamblea es un estercolero”: Carondelet también. Y puesto a elegir entre ambos, prefiere el estercolero más cercano. John Vinueza, fiel a su estilo, se preguntó si algo iba a cambiar en el país como resultado de este juicio político. ¿Va a mejorar la justicia si los vocales del Consejo de la Judicatura son destituidos? No. ¿Si no lo son? Tampoco. Por tanto, con lógica implacable, votó por la destitución.

El tema de las evaluaciones a los jueces de la Corte Nacional de Justicia en 2019 pasó completamente a un segundo plano. Ni siquiera el interpelante Luis Almeida le concedió mucha importancia. Sí lo hizo la correísta Viviana Veloz, acusadora principal, pero el discurso que leyó torpemente era tan árido e intrincado que no quedaron claras sus razones. Y cuando improvisaba, balbuceaba: “Apología es venir con el cinismo que les ha caracterizado, donde han convertido a la judicatura en una pista de corrupción”. Las felicitaciones de su bancada fueron efusivas.

Por lo demás, el debate bien pudo durar la cuarta parte o nada en absoluto: porque no aportó nada a lo que ya se dijo en los alegatos; porque las posiciones estaban tomadas de antemano y las que no lo estaban no dependían de argumentos; porque casi todas las intervenciones venían ya escritas, los asambleístas no hicieron otra cosa que leerlas y mejor harían en colgarlas en sus redes, porque las leen mal.