Justicia, estancada en el caso del Hospital Teodoro Maldonado

La justicia tiene una deuda con los casos abiertos sobre presuntas tramas de corrupción alrededor del Hospital Teodoro Maldonado, en Guayaquil.

La sentencia no ha llegado en el proceso por supuesta delincuencia organizada en contra de Luis Enrique Jairala Zunino, exgerente del hospital; Jorge Luis Cornejo Barrios, exdirector; y otras 11 personas.

Hace tres años y 10 meses fueron llamados a juicio, pero desde el 27 de julio de 2022 se han realizado 17 convocatorias.

La audiencia, aunque ha estado llena de diferimientos, sí se ha logrado instalar, pero todavía no ha concluido la fase de presentación de los testigos y peritos. Incluso, en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) consta que una convocatoria se declaró fallida porque no asistió la fiscal del caso. Otras veces ha sido por pedidos de las defensas, porque una jueza del tribunal tomó sus vacaciones.

Sin una sentencia, condenatoria o exculpatoria, ni los procesados ni las víctimas han podido resolver su situación legal. Por ejemplo, como acusador particular y en representación de las víctimas actúa en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La entidad centra su acusación en los convenios de pago firmados en la administración de Jairala Zunino y Cornejo Barrios. Se ha presentado como testigo un perito de la Contraloría que ha explicado al Tribunal que para este tipo de compra pública no se presentó una declaratoria de emergencia.

Las consecuencias de una justicia lenta

“Se encontraron facturas que no reunían requisitos del SRI. Se encontraron proveedores que no estaban aptos para ser proveedores del insumos médicos. No se realizaron comparaciones de precios y (para comprar) se basaron en el precio techo existente en el Ministerio de Salud”, argumentó el perito.

Según la Fiscalía, se determinó una diferencia de precios de un total de 10 millones de dólares entre el costo del valor pagado y los estudios de mercado.

Otra consecuencia de la falta de una resolución judicial es que los proveedores investigados pueden seguir vendiendo al Estado, ya que legalmente les asiste su estado de inocencia. De la misma forma, otros procesados pueden realizar sus actividades laborales, incluso si tienen una alta importancia, como es la selección de los vocales al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre 2022 y 2024, el procesado Javier Rolando Velecela Chica fue miembro de la Comisión Ciudadana de Selección para los vocales del CNE. Su nombre fue propuesto al Consejo de Participación por la Función de Transparencia. Sin embargo, a pesar de que tenía cargos, en 2018 fue coordinador general jurídico del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, del IESS.

Violencia y otras casos que están en la impunidad

El Tribunal está integrado por los jueces José Roberto Cañizares (ponente), Dora Eloísa Vargas y Nebel Viera Encalada.

En 2014, Jairala Zunino llegó al Teodoro Maldonado Carbo como neurocirujano, según sus declaraciones patrimoniales. Rápidamente escaló y en 2015 fue coordinador general de Diagnóstico y Tratamiento. Aunque solamente permaneció en ese cargo un año. En 2018 asumiría la gerencia del hospital.

Jairala Zunino también está llamado a juicio en otro caso por un presunto peculado. El auto de resolución se tomó en 2023, pero en el Satje tampoco consta que se haya llegado a una sentencia. Los hechos también son por presunta malversación de 295.000 dólares pertenecientes al Hospital Teodoro Maldonado.

Actualmente, el Hospital Teodoro Maldonado enfrenta una crisis de seguridad. El 31 de enero fue secuestrado Ronny Xavier Camba Torres, director financiero de dicha casa de salud. En 2023 fue asesinada Nathaly López, también directora financiera. Estos hechos siguen en la impunidad.

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