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Las Juntas Electorales, otro motivo de discordia

La minoría del CNE acusa a la mayoría de acaparar las Juntas. Estas tuvieron actuaciones polémicas en los comicios de 2019

Elecciones- CNE- Juntas- Atamaint
Actividades. Las Juntas Provinciales Electorales ya están trabajando en la revisión de los requisitos de los postulantes a asambleístas provinciales.Cortesía

Toman relevancia a año seguido. La dirección de las Juntas Provinciales Electorales (JPE) es motivo de discrepancia al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE). Como en 2019, los consejeros de minoría acusan a la mayoría de acaparar presidencias y vicepresidencias de estos suborganismos, que tienen poder de decisión.

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Las JPE se conforman con cinco integrantes que son propuestos por cada consejeros. El desbalance se produce en la elección de sus propias autoridades, que es atribución de cada Junta, en la que se habría replicado la mayoría que existe en el pleno del CNE.

EXPRESO conoció que de las 50 presidencias y vicepresidencias posibles en las JPE, incluyendo la del exterior, 48 estarían ocupadas por personas que fueron propuestas por la presidenta Diana Atamaint y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero. Dos vicepresidentes (Esmeraldas y Tungurahua) fueron propuestos por el vicepresidente Enrique Pita. Ninguno de Luis Verdesoto.

¿Cuál es el papel de la Juntas Provinciales? Hay dos momentos claves en los que intervienen. El primero se está produciendo ahora porque son las encargadas de calificar las candidaturas, en este caso, las de asambleístas provinciales, distritales y del exterior, según su jurisdicción, para los comicios de 2021. En esta etapa, si la JPE no califica a uno de los postulantes, puede acudir al Consejo Nacional Electoral (CNE) para reclamar la no aceptación e incluso al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Pero lo que inquieta es su papel en la segunda etapa de los comicios, tras las votaciones, en el proceso de escrutinios, en los que, según la Ley Electoral, ellos son los que determinan cuáles son las actas válidas, cuáles no lo son y en qué casos se deberá aplicar el recuento de votos.

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Ahí radica el reclamo de Pita por la toma del control de las Juntas por parte de la mayoría. “Recordemos lo que pasó en 2019 en Guayas, en donde la Junta Provincial no puso atención a hechos como que en una misma Junta Electoral aparecían 200 personas votando para alcalde y solo 100 para prefecto. Eso no se investigó lo suficiente”, dijo Pita a EXPRESO.

Las Juntas Provinciales también son las encargadas de atender las objeciones presentadas por las organizaciones políticas y organizar el expediente para enviarlo al TCE. Eso también fue motivo de polémica en las seccionales de 2019 en Los Ríos, en donde el entonces presidente de la Junta clausuró, según el TCE, una sesión de escrutinio unilateralmente, sin atender los reclamos de los actores políticos. El CNE resolvió anular todo lo actuado por esa instancia, pero días después los jueces electorales anularon esa decisión.

Finalmente la JPE de Los Ríos tuvo que sesionar en Quito, bajo estrictas medidas de seguridad. Todo esto retrasó la entrega de los certificados y la posesión de las autoridades electas.

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Consultada por este Diario, Atamaint negó que exista un acaparamiento de direcciones en las JPE. Recordó que estas son autónomas y dentro de esa autonomía está que se convoquen a sesión y escojan sus propias autoridades “sin presiones”.

Fausto Camacho, exintegrante del CNE, dijo que el interés por tener control sobre las Juntas no es nuevo, pero que en los organismos electorales de la década pasada no se vieron estos episodios, porque todos respondían a la línea del gobierno. “La Constitución da al CNE la potestad de escoger a los integrantes de las Juntas y siendo así, no debe sorprender que ahí se reproduzcan las mismas prácticas del pleno del CNE porque cada integrante representa a un consejero electoral y sus intereses”, explicó.

El exfuncionario cree que para evitar complicaciones las Juntas deben ser conformadas con antelación a la convocatoria a comicios, en un proceso en el que se revisen hojas de vida, experiencia y que los aspirantes pasen por capacitaciones dictadas por el Instituto de la Democracia.