
Pedido juicio político a vocal del CPCCS Gonzalo Albán: ¿Qué lo motivó y qué sigue?
El oficialista ADN impulsa el enjuiciamiento político en la Asamblea por un supuesto incumplimiento de funciones
La solicitud del movimiento oficialista ADN para iniciar un juicio político contra el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Gonzalo Albán, está a un paso de superar el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
(NO TE PIERDAS: CAL trató la solicitud de juicio político al consejero Gonzalo Albán:¿Qué resolvió?
La tarde del 1 de agosto de 2025, el CAL sesionará y, entre los puntos a tratar, figura el informe de la Unidad Técnica Legislativa, el cual recomienda admitir a trámite el pedido presentado por el asambleísta de ADN, Keevin Gallardo.
¿Cuál es la acusación contra Albán?
Gallardo presentó la solicitud con el respaldo de miembros de su bancada. En el documento se detalla que promueve el juicio político por supuesto incumplimiento de funciones del vocal Albán. El legislador sustenta su argumento en que, al momento de postularse como consejero en 2023, Albán no logró desvirtuar su filiación política.
Uno de los requisitos para aspirar al CPCCS es no haber sido afiliado o adherente a una organización política durante los cinco años previos a la postulación.
En la solicitud de Gallardo se adjunta lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con base en el informe de la Comisión Verificadora que, durante el proceso electoral de 2023, revisó el cumplimiento de requisitos para la inscripción de candidaturas. Dicha comisión señaló que Albán había sido adherente y que se desafilió en junio de 2022.
El CNE negó su inscripción y tampoco aceptó la impugnación presentada por Albán. El caso llegó entonces al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que falló a favor del actual vocal del CPCCS, permitiendo su inscripción como candidato.
¿Qué dice la sentencia del TCE?
Como parte de sus alegatos ante el TCE, Albán argumentó que en junio de 2022 acudió a la Delegación Provincial Electoral del Guayas para solicitar información sobre el proceso de postulación al CPCCS. En ese momento, pidió un certificado de apoliticismo y le informaron que estaba afiliado a la organización política MOVER. Albán calificó esa afiliación como ilegal y fraudulenta, por lo que tramitó su desafiliación.

El pedido tenía como finalidad determinar si esa afiliación había sido voluntaria. Sin embargo, en la respuesta recibida no se especificó tal detalle, lo que motivó a Albán a presentar una denuncia ante la Fiscalía.
Durante el proceso, Albán enfatizó que “en ningún momento realizó trámite de afiliación o adherencia a alguna organización política como indica el informe (de la Comisión Verificadora)”.
En uno de los apartados de la sentencia sobre el caso, el TCE expresa: “En sede jurisdiccional, este recurso subjetivo contencioso electoral en trámite permitió verificar, mediante documentos oficiales del órgano administrativo y sus unidades especializadas, información que genera dudas sobre la eficiencia y veracidad de los datos de los ciudadanos constantes en el sistema integrado de organizaciones políticas y en la base de datos del sistema ControlCap”.
No obstante, el asambleísta Gallardo fundamenta su pedido de juicio político en el voto salvado de la jueza electoral Patricia Guaicha. En ese voto disidente, Guaicha sostiene que Albán Molestina no logró desvirtuar la prohibición relacionada con la filiación política. Es decir, la solicitud se ampara en una postura jurídica contraria al fallo mayoritario del TCE.
¿Qué viene ahora?
Si el CAL admite a trámite la solicitud, esta será remitida a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Allí deberá sustanciarse, con la comparecencia de ambas partes.
Al final del proceso, la comisión emitirá un informe recomendando el enjuiciamiento o el archivo del caso. Si se opta por el juicio, será el Pleno del Legislativo quien decida el futuro del proceso político y, en consecuencia, el destino institucional de Gonzalo Albán.
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