Legisladores de las diferentes bancadas, excepto la del correísmo, dicen que respaldarán a Diana Salazar, fiscal general del Estado, si el juicio político en su contra llega hasta el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se verá la real postura de los asambleístas, más allá de los discursos. Pero para eso se deben agotar otras etapas.

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La Comisión de Fiscalización sustancia el juicio al exministro del Interior, Juan Zapata. Hay un calendario tentativo según el cual las partes tenían plazo hasta ayer para presentar las pruebas de cargo y descargo que utilizarán en la fase de actuación de pruebas. Después se debe elaborar un informe final que recomiende el archivo o la continuación del juicio en el Pleno. Este decidirá si lo censura o no. Pamela Aguirre, presidenta de Fiscalización y legisladora de la Revolución Ciudadana (RC), dijo que faltan aproximadamente 20 días para terminar con este proceso.

Luego viene el juicio presentado por la correísta Gissela Garzón contra Salazar. Se busca enjuiciarla “por no evacuar los procesos judiciales y haber selectividad”, según el legislador de la RC, Franklin Samaniego.

¿Qué dicen las demás bancadas? “Veo que a la fiscal le quieren entorpecer su tarea. El respaldo a la fiscal tiene que ser hasta el último de sus días porque está arriesgando su propia vida, porque nos está llenando de fe dentro de una lucha contra la corrupción en investigaciones que nadie se atrevía a tocar”, expresó Adrián Castro, legislador de ADN.

Jorge Peñafiel, de Construye, señaló que su bancada respaldará a la fiscal para que no sea destituida. “Ha revelado la vinculación de la política con el crimen organizado y eso es lo que tenemos que respetar. Ese apoyo se va a ver reflejado en la Asamblea en su juicio político”, sostuvo.

Lenin Rogel, del bloque socialcristiano, expresó que si bien la correlación de fuerzas ha variado en la Asamblea, la postura de su bancada “sigue siendo la misma con respecto a la defensa de la fiscal, no ha cambiado”.

El colectivo Fuerzas Sociales del Ecuador prepara una marcha para el 31 de mayo en Guayaquil. Antes ya hicieron otras concentraciones en Quito en apoyo a la fiscal por su trabajo. Calcula que a mediados de junio se daría el juicio, en caso de que Fiscalización lo apruebe, por lo que en los próximos 15 días realizarán asambleas provinciales de apoyo a Salazar. “Si se topan con la fiscal, se topan con el pueblo ecuatoriano”, advirtió Marcelo García, presidente nacional del colectivo. Incluso es afín a la idea de que la fiscal sea candidata presidencial para el 2025, aunque ella ya ha dicho que no es su interés.

El constitucionalista Esteban Ron explicó que no hay una determinación clara de las funciones que estaría incumpliendo la fiscal en el juicio que se le plantea. Evaluó que la causal general mencionada no se relaciona con las funciones, atribuciones y competencias de la fiscal establecidas en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial porque Salazar no ha parado su actividad. La comisión por omisión no es una causal para un juicio político a la autoridad de la Fiscalía, es un régimen distinto, dijo.

Salazar fue posesionada el 8 de abril de 2019, lleva poco más de cinco años en funciones. Su período de seis años finaliza en abril de 2025. “¿Solo ahora se descubre que puede haber una investigación selectiva?”, se pregunta Ron. Cree que hay un interés “absolutamente político” para desacreditar a la fiscal por los casos Metástasis y Purga. Si Salazar quisiera candidatizarse tendría que decidirlo hasta agosto porque en ese mes se desarrollarán los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas.

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